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CONTENIDO EXCLUSIVO.La dictadura orteguista anuló una de las principales protecciones legales desde el Estado y las alcaldías para la preservación del Lago Cocibolca, dejando vulnerable a la principal cuenca hídrica de Nicaragua. El régimen derogó la Ley que crea la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan (Ley 626), lo que se hizo efectivo con la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620).
La derogación de esa la Ley que protegía al Lago Cocibolca la propuso el dictador Daniel Ortega, y fue aprobada por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y cuatro de sus aliados de la bancada PLI-ALN-Apre en la Asamblea Nacional el pasado 12 de noviembre.
El artículo tercero derogaciones de la reforma, el inciso cinco incluyó la Ley 626, sin que los legisladores ni el dictador Ortega explicara, en el documento, las razones de por qué se eliminó una de las herramientas de protección estatal que establecía una serie de acciones y obligaciones desde el Estado y las alcaldías para reducir e impedir la contaminación de las aguas del Lago Cocibolca y del Río San Juan.
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Víctor Campos, director del Centro Humboldt, organización que trabaja en el sector ambiental, dijo a LA PRENSA, que “no es comprensible” que se elimine una ley tan importante, sin mayores explicaciones de parte de los funcionarios del régimen.
Campos recordó que la Ley 626 fue “una de las principales luchas” de las organizaciones en el tema ambiental, que lograron en 2007 que las medidas que la norma incluía fuesen respaldadas por la Asociación de Municipios de la Cuenca del Gran Lago (Amugran), integrada por los alcaldes de los municipios en la cuenca del Lago Cocibolca y el Río San Juan.
“Aunque ya hay ciudades que se están abasteciendo con el agua del Lago, ahora queda totalmente desprotegido el principal recurso hídrico del país. Se ha caído con esto la intención de hacer un manejo cooperativo, de tal manera que cada municipalidad implementara acciones para reducir la contaminación y que el aprovechamiento del agua para abastecer a la población fuese de forma sostenida”, aseguró Campos.
El director del Centro Humboldt señaló que desde hace años se ha denunciado los problemas de contaminación por pesticidas de uso en las actividades agrícolas que van a dar al Gran Lago, además de sedimentos e incluso de desechos químicos de las actividades de la minería artesanal que deposita niveles de mercurio en el Río San Juan que van a dar a las aguas del lago.
LAPRENSA/ Jader Flores.
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Con la derogación de la Ley 626 se ha “desprotegido” la principal reserva de agua de Nicaragua, como de Centroamérica, lo que para Campos supone un alto riesgo de que en un futuro cercano se pueda garantizar a la población abastecerla de agua de consumo de forma segura.
La Ley 626 fue aprobada en junio de 2007 siendo impulsada por las organizaciones medio ambientales. Entre los principios se reconoció que esa Ley era resultado de la “iniciativa de los gobiernos municipales de la Cuenca del Lago Cocibolca y el Río San Juan, para promover la conservación y uso sostenible del patrimonio natural existente en sus respectivos municipios es parte consustancial y coincidente con las prioridades, políticas y estrategias del Gobierno central, en materia del ambiente y desarrollo sostenible, nacional y local”.
Otro de sus principios establecidos era que “la cuenca lacustre del Lago Cocibolca, así como la cuenca fluvial del Río San Juan, son subcuencas de un único sistema hídrico y que la consideración de su administración, aprovechamiento y protección debe ser integral”. Esas bases legales las acabó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Las falsedades del diputado Wálmaro Gutiérrez
Cuando fue aprobada la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en la Asamblea, el orteguista presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, señaló falsamente a LA PRENSA por las publicaciones en la que expertos en temas hídricos denunciaron que el régimen abrió la vía a la privatización del servicio de agua potable y saneamiento porque ahora otorgarán licencias de concesiones a operarios privados.
En el intento de Gutiérrez por descalificar las denuncias, negó que se estuviese afectando la protección legal al Lago Cocibolca y el Río San Juan, a pesar de que en el documento de la reforma que aprobaron se derogó la Ley 626.
“Leo en un periódico (LA PRENSA es el único diario de circulación nacional) que solo se dedica a calumniar (…) y empieza a decir por ejemplo que el articulo 97, el articulo 98 de la Ley de Aguas Nacionales se derogan. Absolutamente falso, el articulo 97 que habla de la protección del Cocibolca no se reforma, queda tal y como está. Y el artículo 98, que tiene que ver con las formas de protección del Lago Xolotlán no se reforma, quedan tal y como están en la Ley original”, fue parte del discurso de Gutiérrez en el plenario.
Lo dicho por el legislador Gutiérrez fue una tergiversación ya que las publicaciones de LA PRENSA sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacional no han mencionado modificaciones a los artículos 97 y 98. Lo que se ha presentado son los articulados de cómo el régimen y sus diputados del FSLN facultaron al nuevo ente regulador, la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para aprobar licencias de concesión a empresas privadas para encargarse del servicio de agua potable y de saneamiento. También se expuso los mecanismos que podrían incrementar la factura a los usuarios, sin que ANA apruebe un aumento de la tarifa.
Organizaciones ambientales quedan fuera
El director del Centro Humboldt cuestionó que “se saca a la población y a las organizaciones que trabajan en el sector ambiental de las dos comisiones que se harán cargo” del establecimiento de los planes de sostenimiento de los recursos hídricos.
“No hay nadie que represente a las organizaciones de los pobladores. Dejan a los Comités de Cuencas, pero no se deja quien los va a representar. De esa forma se deja sin capacidad de incidencia, se niegan los derechos de la población y de organizaciones como la nuestra, que podamos reclamar ante las autoridades como en los tribunales cuando consideremos que se está vulnerando los recursos de agua”, dijo Campos.
El especialista ambiental alertó de que la privatización sería posible tanto de la “captura, almacenamiento y distribución para los servicios para ayuda potable y de consumo humano, como del saneamiento. No lo deseo ni lo quiero, pero puede aparecer una empresa como en el sector de energía, Disnorte y Dissur, para manejar el servicio de acueducto en las ciudades, y como ciudadanos no tenemos recursos legal para reclamar”, lamentó Campos.