La diputada y presidenta en disputa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, hizo mal en pedir al Consejo Supremo Electoral (CSE) que resuelva el conflicto de liderazgo que tiene con su correligionario y colega parlamentario, Miguel Rosales.
Si Nicaragua fuese un país democrático con Estado de derecho, eso sería lo correcto, pues de acuerdo con la Constitución y la Ley el CSE debe dirimir los conflictos de y entre los partidos políticos.
Pero en este país no hay democracia, ni Estado de derecho y los conflictos entre las personas y las instituciones no se resuelven de conformidad con la ley, sino con la voluntad de Daniel Ortega.
El CSE no es neutral en los conflictos de los partidos y tampoco es confiable ni respetable. Es una célula política del FSLN y un monigote institucional en manos del dictador Ortega. El CSE no hace lo que es legal, justo y honorable, solo lo que conviene a la dictadura.
Si los dirigentes del PLC que tratan de sacudirse la perniciosa tutela del caudillo y su camarilla, quieren realmente regenerar a su partido, hacerlo un socio respetable y confiable en la unidad nacional política o electoral que se quiere formar para enfrentar con posibilidades de éxito a la dictadura, tienen que romper también la dependencia con el CSE de la dictadura.
No es que el PLC sea indispensable en una alianza nacional contra la dictadura. Si fuese cierto que tiene estructuras bien organizadas en todo el país y un robusto tendido electoral, hubiera impedido o por lo menos denunciado los fraudes electorales que se vienen haciendo desde 2006.
Es más, para las elecciones municipales de 2008 prácticamente toda la oposición se unió alrededor del PLC y votó en su casilla, bajo la consigna “todos contra Ortega, todos”. Pero lo que ocurrió a la hora de la verdad fue que el PLC le ayudó a Ortega a hacer el fraude, para impedir que Eduardo Montealegre fuera alcalde de Managua y que la oposición ganara en la mayoría de los municipios del país.
Sin embargo, el levantamiento popular de abril de 2018 modificó el escenario nacional y todas las piezas políticas, incluyendo el PLC, son importantes y necesarias en una gran alianza capaz de derrotar a la dictadura. Pero, repetimos, necesarios no significa indispensables.
Para la regeneración del PLC y que sea un socio confiable en la gran unidad contra la dictadura, uno de los presidentes en disputa del partido, Miguel Rosales, ya dio un paso muy importante al pedirle al caudillo que renuncie, y a la diputada Osuna que retire su demanda del CSE y que monten juntos una convención nacional unitaria, de votación libre y sin dedazo para la elección cargo por cargo de la nueva dirigencia nacional.
La diputada Osuna debería aceptar la propuesta de Rosales. De lo contrario este conflictivo, y hasta ahora poco confiable partido que es el PLC, debería ser dado de baja de los esfuerzos para formar la gran unidad o alianza opositora nacional.
