Irregularidades en el proceso judicial y una posición parcializada por parte del juez Ramón David Real Pérez, titular del Juzgado Octavo Civil de Distrito Oral de Managua, denunciaron los afectados por el millonario reparo fiscal que impuso la orteguista Alcaldía de Managua a la Inmobiliaria Intermezzo, propiedad de la empresaria Victoria Cárdenas y su familia.
Juan Sebastián Chamorro, opositor a la dictadura y esposa de Cárdenas, aseguró que este miércoles enfrentaron audiencia de juicio, en la que ofrecieron las pruebas para demostrar que Inmobiliaria Intermezzo vendió lotes entre 1997 y 2007, y no entre el 2017 al 2019 a como lo señala la Alcaldía de Managua.
«El juez rechazó un escritura pública elaborada por el abogado y notario público que certifica que las ventas se hicieron entre 1997 y el 2007, pero el juez desestimó la prueba contundente que confirma que el reparo de la Alcaldía es fraudulento. Obviamente aquí se está violando el debido proceso, porque es totalmente admisible, según la ley vigente, una escritura pública y muestra una parcialidad del judicial al no admitir la evidencia principal del caso», denunció Chamorro.
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Propiedades embargadas valen más
La Alcaldía de Managua impuso un millonario reparo fiscal a Inmobiliaria Intermezzo por 9.5 millones de córdobas (U$274,000 dólares aproximadamente) que las dueñas de la empresa catalogan como ilegal y como una especie de terrorismo fiscal.
La inmobiliaria fue asaltada la mañana del pasado 5 de octubre por una patrulla llena de policías, el asesor legal de la Alcaldía de Managua (Alma) Carlos Lazo y la juez segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, quienes se presentaron en las oficinas de la empresa al sur de Managua, para ejecutar el embargo.
Jiménez embargó la casa de habitación de la empresaria Victoria Lacayo, madre de Cárdenas, un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable a la urbanización Intermezzo del Bosque y cinco lotes más que estaban sin vender, propiedad de Inmobiliaria Intermezzo.
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Chamorro dijo que el valor de las propiedades embargadas supera los 33 millones de córdobas, monto superior a los 9.5 millones que pretende cobrar la comuna capitalina.
¿Sentencia anunciada?
«Podría ser una crónica de una sentencia anunciada por la actitud de rechazo del judicial de la prueba principal, ya que no quiere conocer lo que la parte embargada quiere demostrar», consideró Chamorro. El abogado de la Inmobiliaria, Tony López, explicó que el juez tiene cinco días para emitir la sentencia en este caso, luego de haber realizado la audiencia de juicio.
López detalló que en dicha audiencia interpuso un recurso de reposición ante el judicial para este admitiera la escritura pública notariada que prueba los momentos en que se vendieron los lotes, pero el mismo no fue admitido. «Ante esta situación la ley le confiere a uno el hecho de realizar una protesta que le sirve a uno para incluir ese rechazo como un motivo de agravio en un eventual recurso de apelación, ya que a la otra parte (al abogado de la Alma) le aceptó todo y a nosotros nos dejó en la indefensión, el judicial mostró falta de imparcialidad», criticó el abogado.
Paralelo al caso civil, la empresaria Cárdenas, su mamá y su hermana, socias de Inmobiliaria Intermezzo, fueron acusadas en un juzgado penal por Defraudación a la Hacienda Municipal. Una juez de Managua, incluso, emitió una orden de captura contra ellas para obligarlas a pagar el millonario embargo.
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Feroz política recaudadora
Desde mayo de 2018, en medio de las protestas contra el régimen de Ortega y la caída de los ingresos por la debacle económica, la Alcaldía de Managua comenzó aplicar millonarios cobros en concepto de Impuestos Municipales de Ingresos e Impuestos de Bienes Inmuebles contra empresas grandes, pequeñas y medianas y personas naturales.
Una investigación de LA PRENSA reveló que 59 empresas han recurrido ante el Concejo Municipal en los últimos dos años para tratar de revertir cobros de más de 800 millones de córdobas. Ninguna ganó un caso y la aplanadora oficialista se impuso casi en todos por unanimidad con los votos del PLC, el FSLN, PC y en algunos casos, con el voto del concejal de Ciudadanos por la Libertad.
Cuando las empresas se niegan a pagar los millonarios reparos y antes de que se agote la vía administrativa, los abogados de la Alma entablan un caso penal. Hay 200 empresarios o gerentes de empresas acusados en los juzgados de Managua.
