La noticia de la revocación de la visa norteamericana a Arnoldo Alemán y su familia, revelada con dieciocho años de desfase por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, desató toda clase de opiniones en nuestra clase política.
Las sanciones son por actos de corrupción que lo beneficiaron económicamente a él y su familia durante su mandato presidencial (1997-2002). Los norteamericanos en política exterior no dan puntada sin dedal o sin hilo, por lo que ese desfase de dieciocho años no es casualidad. Razón por la que considero que va dirigido en primera instancia a la pareja presidencial y de paso a los que hoy en el sector privado y político continúan haciéndole el juego al régimen.
Personalmente creo que solamente María Fernanda (su esposa) y unos pocos que continúan usufructuando beneficios por la permanencia del caudillo en su partido, son los únicos que aparentan no darse cuenta que a Arnoldo Alemán ya la historia lo condenó por sus múltiples errores y corrupción cometidos durante su gobierno y por el pacto que mantiene desde su partido con Daniel Ortega. La hipocresía se da cuando son representantes de la Unidad Nacioinal Azul y Blanco (UNAB) los que, rasgándose las vestiduras, cuestionan la presencia del PLC en la Coalición, pretendiendo que olvidemos que esa organización está compuesta en su gran mayoría por miembros del ejército de los ochenta, por políticos que tuvieron relevancia durante esa larga noche oscura y por descendientes de esas personas, que desgraciadamente no terminan de hacer el crossover completo a los valores de la democracia.
Esta situación de mutuas descalificaciones y lapidaciones me recuerda una anécdota que me comentara hace varios años el doctor Arturo Cruz Porras, padre del académico Arturo José Cruz Sequeira. Me decía que en una ocasión, mientras el directorio de la Contra esperaba ser recibido por un funcionario latinoamericano, Adolfo Calero preguntó: ahora que ganemos la guerra, ¿qué vamos a hacer con los sandinistas? A lo que alguien contestó: “pasémoslos por la tabla y que solo se salve el que tenga un familiar en la Resistencia”. Bajo esa premisa, la hermana de la licenciada Martha Sacasa, vocera del gobierno, se salvaba. Al célebre comandante garrote de León lo salvaba su sobrino, el comandante Walter Calderón. A Luis Carrión lo salvaba su tío Arturo Cruz y así sucesivamente casi todos se salvaban. Si aplicáramos ese mismo juicio en la actualidad, también en esta ocasión nos quedaríamos con las ganas, pues a la familia Ortega Murillo la salva su consuegro don Lolo Blandino, a Edwin Castro lo salva la vandálica de su sobrina, a Aminta Granera la salva Violeta —su prima hermana—, a Humberto Ortega lo salva Juan Sebastián Chamorro, al nefasto presidente de la Asamblea lo salva su nuera y así sucesivamente.
Les he compartido esta anécdota, porque Daniel Ortega acaba de cumplir setenta y cinco años y la mayoría de los que usufructúan económicamente la frase “el comandante se queda” andan por allí. Pregunto: ¿qué país le vamos a heredar a nuestros hijos y cuál va a ser el futuro de los hijos de ellos? La oportunidad de rectificar nos la está ofreciendo la comunidad internacional, al exigir elecciones legítimas para el dos mil veintiuno. Si dejamos pasar esta oportunidad, serán nuestros hijos los que sufrirán las consecuencias de esa irresponsabilidad.
Por ello, considero que Daniel Ortega debería recapacitar y darse cuenta que ya mucho hemos hecho sufrir a este pueblo y gracias a Dios todavía no nos hemos exterminado con la irresponsable ley del Talión, que nos hemos empecinado en aplicarnos mutuamente.
Pues, aunque don Félix Maradiaga jure y perjure que para él la única salida es política, la historia lo contradice y espero que la intransigencia del gobierno no termine por convencer al pueblo de que la solución sea la que ellos le aplicaron a la dictadura de los Somoza.
El autor es comentarista político.
