En el discurso que pronunció el domingo 8 de noviembre para conmemorar otro aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, Daniel Ortega habló de promover “un proceso de reencuentro con todos los sectores sociales y económicos, más allá de que cada quien tenga su propio pensamiento, su propia ideología…”.
Es una falacia del dictador de Nicaragua. Se trata de un anzuelo para atrapar a los sectores empresariales y rehacer la alianza que por conveniencia económica tenían con su régimen autoritario, pero la rompieron por la desmesurada y sanguinaria represión contra las protestas sociales de abril de 2018, en la cual, según los organismos internacionales de derechos humanos se cometieron inclusive crímenes de lesa humanidad.
Pero la represión no ha cesado, ni han sido atendidas las demandas de los sectores empresariales de reformas democráticas sustanciales para poder sacar al país de la crisis provocada por los desmanes de la dictadura.
Lo represión es total y permanente contra las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos y partidos políticos que tratan de ejercer su derecho de organizarse para practicar la oposición cívica y pacífica.
La dictadura de Ortega no le permite a la oposición ni siquiera realizar actividades humanitarias, como la recaudación y envío de ayuda a la gente damnificada por el paso del huracán Eta en el Caribe y las copiosas lluvias en otras partes del territorio nacional. Incluso las organizaciones empresariales e instituciones religiosas de caridad, y otras organizaciones sin fines de lucro ni interés político, son impedidas de hacer tales actividades.
A los activistas de la oposición, incluyendo los de partidos que tienen personería jurídica, la Policía Orteguista no les permite salir de sus casas para ir a los territorios a realizar su trabajo de organización política.
En condiciones de una dictadura férrea, intolerante y despiadada como la que hay en Nicaragua, pareciera una banalidad hablar de derechos humanos, libertades individuales y garantías constitucionales. Pero hay que hacerlo.
Hay que denunciar las violaciones a esos derechos y libertades inalienables de los ciudadanos que comete la dictadura. No solo porque están consagrados en la Constitución, en las leyes nacionales y en los convenios internacionales sobre derechos y humanos y políticos suscritos por el Estado de Nicaragua y obligado a cumplirlos, sino porque no son dádivas ni concesiones del poder. Son derechos, garantías y libertades inherentes a las personas humanas, le pertenecen a la gente por su propia naturaleza; y cortarlas, separarlas y negarlas constituye una flagrante acción criminal.
Sin embargo, a pesar del Estado de sitio de hecho que mantiene la dictadura, y de la represión policial feroz, constante y sistemática, los dirigentes y activistas de la oposición social y política no dejan de hacer su trabajo de organización. Es heroica la labor que están haciendo y merecen el respaldo o por lo menos la simpatía de toda la gente democrática de Nicaragua.
Lamentablemente hay quienes los denigran, los acusan de andar “candidateándose” para las próximas elecciones. Con esos ataques, aunque no sea tal su intención justifican de hecho la represión de la dictadura contra los activistas opositores para impedir sus actividades cívicas y legítimas. Da pena decirlo, pero es la realidad.
