El eurodiputado español, José Ramón Bauzá, criticó el «combo» de leyes aprobadas en la Asamblea Nacional (AN) por la aplanadora de diputados orteguistas, a las que calificó como un «tridente represivo» y a la vez preguntó a la comunidad europea qué esperan para dar cumplimiento a las sanciones establecidas en la reciente resolución del Parlamento Europeo (PE) contra la dictadura Ortega-Murillo.
Este martes los 70 diputados orteguistas aprobaron la reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por «crímenes de odio». De esta forma la dictadura concreta las tres leyes de represión dirigidas a criminalizar las acciones de la ciudadanía y sectores opositores, que se organizan en contra del sistema totalitario de Ortega y Murillo.
Con la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua se completa el tridente represivo de Ortega y Murillo.
Ni un solo pronunciamiento @JosepBorrellF hasta el momento…
¿A qué espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo?
¿Algo que decir @PelayoCastroUE? #SOSNicaragua— José Ramón Bauzá (@JRBauza) November 11, 2020
«Con la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua se completa el tridente represivo de Ortega y Murillo. Ni un solo pronunciamiento @JosepBorrellF hasta el momento… ¿A qué espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo? ¿Algo que decir @PelayoCastroUE? #SOSNicaragua», preguntó Bauzá a altos funcionarios europeos, a través de su cuenta en Twitter.
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Leyes represivas
La cadena perpetua por «crímenes de odio» se suma a la Ley de regulación de los agentes extranjeros o «Ley Putin», que criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación de agencias y gobiernos extranjeros.
Y la tercera ley represiva es la conocida como «Ley Mordaza» o de «Ciberdelitos», que penalizada hasta con diez años de cárcel las publicaciones de los ciudadanos y medios de comunicación, que a juicio de la dictadura, sean «noticias falsas» cuando estas sean en contra del régimen que las considerará una amenaza «para la estabilidad social y económica» del país.
El eurodiputado emplazó al embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro Zuzuárregui, sobre si tenía algo qué decir sobre el accionar de la dictadura, ya que los legisladores europeos habían advertido al dictador que de continuar aprobando leyes que limitan los derechos humanos y civiles de los nicaragüenses ejecutarían las sanciones.
También cuestiona que el representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. no ha hecho ningún pronunciamiento sobre las leyes represivas.
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La resolución europea
El pasado ocho de octubre el PE aprobó con el 85 por ciento de los votos la resolución que pide sanciones para la dictadura de Daniel Ortega. 609 diputados, de un total de 694, votaron a favor. Solo 21 en contra.
En el primer punto de la Resolución aprobada, los eurodiputados piden a la Asamblea Nacional de Nicaragua que «rechacen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», así como cualquier otra ley similar en el futuro. El escrito indica que de aprobarse «la ley será instrumentalizada por el gobierno de Daniel Ortega para silenciar a los críticos, lo que agravará aún más la ya insostenible situación de derechos humanos en Nicaragua».
En el segundo punto, instan al Gobierno de Nicaragua a que deje de criminalizar las voces independientes y detenga cualquier intento de controlar y restringir el trabajo de la oposición política, los medios de comunicación, los periodistas y la sociedad civil; pide la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, que se retiren todos los cargos en su contra y que se respeten sus salvaguardias legales fundamentales, entre otros puntos.
Analistas políticos han señalado que la falta de acciones concretas de los europeos no significa que Ortega ya se libró de las sanciones y por tanto consideran que aún hay que esperar que el proceso en el seno europeo avance.
