La corrupción impacta de forma multidemensional en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Este impacto se muestra en un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «Corrupción y Derechos Humanos».
En dicho informe destaca que los grupos vulnerables en pobreza y pobreza extrema son los más afectados por este, pues por la desviación de recursos del estado se vulnera la garantización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), entre los que se encuentran el derecho a vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho al trabajo, entre otros vitales para el desarrollo de nuestros países.
“La corrupción impacta directamente en la satisfacción de la obligación de los estados de destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles en materia de derechos humanos, en particular para garantizar el goce y ejercicio de los DESCA”, se lee en el informe.
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Corrupción afecta la institucionalidad estatal y la administración de justicia
La CIDH destaca, en el informe de seis capítulos, que la corrupción afecta la institucionalidad estatal, en este aspecto resalta la concentración de poder, los actos de discrecionalidad, la ausencia de control en la gestión pública, la impunidad, y elementos culturales como la tolerancia a la corrupción.
Por otra parte, tiene impactos en la administración de la justicia, pues se afecta se afecta la independencia de esta, llevándola a constituirse en un agente de corrupción.
“La CIDH reitera que daño de la corrupción se expresa en la institucionalidad democrática, el estado de derecho y en los derechos humanos”, se expresa en el capítulo dos del informe.
“Es importante comprender que la corrupción obstaculiza y en algunos casos bloquea la permeabilización del flujo económico, el acceso a la justicia, la libertad de expresión y otros derechos, que eventualmente han culminado la generación y el agravamiento de la situación económica, política y social de nuestro continente que lamentablemente es reconocido por ser el más desigual del planeta”, señala la Relatora Especial para los DESCA, Soledad García Muñoz en la presentación del informe.
Además, en el informe se hace especial énfasis en el papel que juegan las redes criminales en la región en actos de corrupción, pues “se observa que el crimen organizado incurre en prácticas de corrupción de agentes estatales para facilitar o permitir actuaciones ilícitas”, se expresa en el informe.
Sobre este tema, Katya Salazar, directora ejecutiva de Fundación para el Debido Proceso Legal, Latinoamérica, considera que para poder hacer frente a la influencia del crimen organizado en los actos de corrupción, el sistema interamericano debe tomar reglas y principios del derecho penal internacional para entender cómo funcionan dichas redes criminales.
“Solo mejorando nuestra compresión del fenómeno de la criminalidad organizada y su impacto en los derechos humanos podremos mejorar el nivel de protección de su victimas que es el centro de esta discusión”, expresa Salazar.
CIDH prioriza protección de víctimas y denunciantes de corrupción
El informe “Corrupción y Derechos Humanos”, la CIDH realizó siete recomendaciones, que se centran en la protección de las víctimas de la corrupción y sus familias; protección de denunciantes de corrupción; protección de defensores humanos y periodistas.
En primer lugar recomiendan que las víctimas “formen parte del análisis, diagnostico, diseño e implementación de mecanismos, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción”, esto considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia, transparencia y participación.
Asimismo, se le debe garantizar la reparación de los daños causados conforme a estándares internacionales, además de implementar mecanismos para garantizar la protección de víctimas, testigos y familias, promoviendo cultura de legitimación y protección de la labor de quienes denuncian la corrupción.
“Se vuelve muy importante la denuncia de la corrupción…en la medida que hay más denuncia, disminuye la tolerancia a la corrupción y se dan más garantías a la vigencia de los derechos humanos”, indica Pedro Vaca, Relator de Especial para la Libertad de expresión de la CIDH.
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Vaca también se refiere a la protección del periodismo, pues a los corruptos no les gusta que la prensa hable de ellos, y por esta razón considera que les parece “seductor” intentar capturar a la prensa e intentar aprovechar eventualmente la crisis económica de los medios de comunicación.
“El periodismo hay que salvarlo entre otras cosas porque sin periodismo va a ser más difícil luchar contra la corrupción”, remarca el relator.
