La última acción que contraviene el discurso de «amor y solidaridad» que durante años ha pregonado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha visto reflejada en el asedio ejecutado recientemente por la Policía Orteguista (PO) en los diferentes centros de acopio habilitados por organizaciones civiles —como la Unidad Médica Nicaragüense (UMN)— para recolectar víveres y llevar ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Eta en la Costa Caribe.
En sus intervenciones diarias de mediodía la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, no se cansa de repetir que su Gobierno está interesado en servir al pueblo, su discurso está centralizado en las acciones «humanitarias» que realiza el régimen, sin permitir por medio de la violencia y la represión que otros sectores se involucren para redoblar esfuerzos que beneficien a los damnificados.
«Gobierno que sirve al pueblo con amor cristiano y solidario. Estamos listos, gracias a Dios, invocando primero a Dios para que nos siga bendiciendo y protegiendo, y luego haciendo todo lo que humanamente podemos hacer para evitar pérdidas de valiosas vidas (…) en medio de todas las circunstancias desafiantes que nos ha tocado vivir; la organización de la comunidad para enfrentar momentos como estos, con toda la experiencia, todo el conocimiento y toda la fuerza espiritual de las personas, las familias y las comunidades», expresó en días anteriores la primera dama.
Lea también: Familias abandonan albergues ante falta de alimentos
Para el sociólogo Cirilo Otero, el discurso de la dictadura solo es un «fanfarroneo» para mostrar que es capaz de atender una emergencia nacional, pero asegura que hay una gran distancia entre las palabras y las acciones, dadas las denuncias donde los afectados manifiestan que las ayudas no están siendo tan efectivas como lo promociona el régimen.
Estos son los tres escenarios represivos ejecutados por la dictadura que no solo han afectado a cierto grupo social como la oposición, sino a una población en general que ha sido expuesta a diferentes situaciones.
2018: Negar atención médica a heridos por la represión
En el 2018, con el estallido de las protestas antigubernamentales, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud (Minsa), ordenó cerrar las puertas de hospitales a estudiantes y manifestantes de la sociedad civil que se encontraban protestando en contra de la dictadura y que fueron acribillados por la Policía y grupos civiles. Producto de esta acción violatoria de derechos humanos, muchos heridos murieron desangrados por la falta de atención.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del adolescente de 15 años de edad, Álvaro Conrado, a quien, tras recibir un balazo en el cuello durante un ataque de policías y paramilitares, le negaron la entrada en el Hospital Cruz Azul, de Managua. Murió desangrado minutos después, aquel 20 de abril de 2018, después de tres días de intensas protestas.
Lea además: Así se ejecutó la perversa orden de negar la atención médica a los heridos en las protestas
Quien fue señalada como la principal responsable por estas muertes fue la exministra de Salud, Sonia Castro, quien el 21 de junio de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por «dirigir el Minsa que violó los derechos humanos de los manifestantes heridos». El documento citó: «El Minsa rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión, lo que empeoró las lesiones e incluso condujo a la muerte de algunos manifestantes por la falta de atención médica».
2020: Promover aglomeraciones en medio del Covid-19
Con la llegada del Covid-19 a la región latinoamericana, los gobiernos rápidamente actuaron y establecieron medidas de prevención para evitar un contagio masivo entre la población. Países como El Salvador y Costa Rica cerraron sus fronteras, suspendieron clases en colegios y universidades, cerraron negocios y adoptaron cuarentena obligatoria. Contrario a ello, el régimen de Ortega, lejos de aplicar estas medidas estrictas, promocionó festividades donde se aglomeraban cientos de personas.
Entre mayo y junio del 2020, meses en que la pandemia cobró fuerza en Nicaragua y se empezaron a reportar contagios masivos, la Administración orteguista orientó a los médicos de los hospitales públicos a no usar mascarillas «para no alarmar a la población», según denunciaron los doctores en ese momento.
También puede interesarle: Estos son los delitos que estaría cometiendo el régimen al no aplicar las medidas de la OMS para prevenir el avance del Covid-19
A los especialistas de la salud les tocó estar en la primera línea de emergencia atendiendo a los pacientes con coronavirus sin tener los equipos de protección necesarios. Posterior a ello, la dictadura ejecutó despidos masivos contra esos doctores que reclamaron las medidas de seguridad y que denunciaron el mal manejo de la pandemia por parte del Minsa, institución sanitaria que desde hace ocho meses mantiene en hermetismo las cifras reales de infectados y muertes por el virus.
En abril de 2020, cuando aumentaba el número de muertes con síntomas relacionados al Covid-19, el régimen orteguista también prohibió la iniciativa de monseñor Rolando Álvarez y 15 médicos de Matagalpa de instalar Centros de Prevención Médica para identificar enfermos y atenderlos en ese departamento del norte del país.
2020: Impide colectas para familias afectadas por el huracán Eta
Tras el paso del huracán Eta en el Caribe Norte de Nicaragua, que dejó serias afectaciones en las viviendas de la zona de Bilwi, organizaciones de la sociedad civil se activaron con colectas para llevar ayuda humanitaria a estas personas que prácticamente lo perdieron todo. La dictadura, en su afán de politizar la emergencia, desplegó a su órgano represor en los puntos donde se pretendía recibir la ayuda.
La Policía no solo en Managua impidió que se llevara a cabo dicha acción, sino también en la ciudad de Bluefields, donde la periodista Ileana Lacayo Ortiz denunció que la entrada de la radio Siempre Joven amaneció rodeada por la PO para impedir que se realice el hablatón que el medio de comunicación anunció para ayudar a las personas afectadas en el Caribe del país.
Puede interesarle: Régimen orteguista impide colectas ciudadanas para familias afectadas por el huracán Eta
Para la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, el discurso del régimen está dirigido principalmente a sus seguidores y la comunidad internacional,« para paliar la falta de legitimidad, la falta de confianza y el rechazo que hay a su gestión, pero también para mantener una cierta imagen pública».
«Ortega ha impuesto una política de represión y un estado de excepción de facto sobre la sociedad nicaragüense que contradice abiertamente su propio discurso, tal como se puede apreciar en los ejemplos mencionados. Además de no implementar políticas sociales y de protección a los ciudadanos, impedir los actos de solidaridad entre la propia población lo que revela es que su vocación autoritaria es también necrófila. Es decir, que sus acciones están orientadas a causar daño a la población de manera premeditada», analizó la socióloga.
