El lunes pasado se publicó en La Gaceta la llamada “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, la que fue aprobada a matacaballo por los 70 votos incondicionales de la Asamblea orteguista la semana pasada, la que a mi juicio profundiza el estado de violación sistemática a los derechos fundamentales en Nicaragua por las siguientes razones:
1. Descalifica la cooperación internacional al considerarla “injerencia extranjera en los asuntos internos” y estigmatiza con el nombre de “agentes extranjeros” a los ciudadanos que trabajen o reciban algún tipo de beneficio proveniente de recursos externos canalizados a través de organismos no gubernamentales”. En adición, los somete a escrutinio e investigación, los amenaza con sanciones penales y les conculca sus derechos políticos.
2. La cooperación internacional canalizada a través de organismos no gubernamentales hacia las comunidades y sectores más vulnerables, ha sido fundamental desde 1990. Como presidente de Inifom, yo fui testigo de muchos programas sociales canalizados a través la cooperación internacional.
3. Son muchas las organizaciones de derechos humanos y periodísticas que en medio de la pandemia y la recesión económica sobreviven gracias al apoyo y solidaridad de la cooperación internacional, por lo que la ley provocará mayor desempleo y es una guillotina disfrazada contra la libertad de expresión.
4. Particularmente grave resulta el hecho de que la ley sea aprobada a las puertas de las elecciones generales, amenazando los derechos civiles al someter a cualquier ciudadano de acuerdo al juicio subjetivo del Ministerio de Gobernación a inhibiciones para el ejercicio de cargos públicos, adicionales a las consignadas en los artículos 134 y 147 de la Constitución Política.
5. Resulta improcedente y contradictorio, que no habiéndose aprobado ninguna de las reformas electorales necesarias para garantizar el voto ciudadano se apruebe una ley que profundiza la falta de garantías para unas elecciones libres y transparentes que constituyen la única salida posible para superar la crisis política, social y económica que padecemos los nicaragüenses.
6. Es irónico y cínico que este régimen que otrora recibió dinero no auditable de gobiernos extranjeros en cantidades navegables, no haya promovido una ley similar de “regulación de agentes extranjeros” en tiempos de Muamar el Gadafi en los 90, o de Hugo Chávez con “el Socialismo del Siglo XXI”, que con Albanisa financiaba a manos llenas sus arcas privadas, fondos con los que adquirieron valiosas propiedades que están a la vista. Aquí aplica la sabiduría popular que dice: “La olla le dice al comal”.
7. Y qué mayor interés extranjero y promoción entreguista de intereses foráneos, a expensas de los intereses nacionales, que la aprobación de la Ley 840 que hipotecó la soberanía nacional otorgando una oprobiosa concesión al empresario chino Wang Jing, concesión que aún no ha sido derogada, a pesar de que tanto el empresario como su proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, se desvanecieron.
El canal interoceánico es la mayor promoción abierta de intereses extranjeros en tiempos modernos en Nicaragua y fue aprobado por los mismos diputados que hoy se rasgan las vestiduras aprobando una ley para buscar y regular a los “agentes extranjeros”, los que seguramente aparecerán por doquier, convirtiendo a Nicaragua en el país con el doble récord de más “agentes extranjeros y terroristas” del mundo.
La ley Sandino, la ley José Dolores Estrada, la ley Zeledón, será aquella ley aprobada en la Asamblea Nacional que tenga el decoro nacional para derogar la Ley 840 y la onerosa concesión del canal interoceánico otorgada sin mayor trámite al inversionista chino desaparecido Wang Jing.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.
