A finales del pasado septiembre, el régimen dictatorial Ortega-Murillo, reafirmando su política represiva, ha presentado la iniciativa de ley de ciberdelitos.
La presente arremetida no es más que otro infructífero intento por callar la disidencia política. La pareja de El Carmen, a sabiendas que adolecen de la verdad y la justicia de su lado, nuevamente trata de atropellar el derecho humano de los nicaragüenses de acceder a la información.
Este régimen opresor, que mantiene a su guardia pretoriana en las calles porque las perdió, hoy trata de hacer lo mismo con los espacios cibernéticos desde donde se sigue escuchando el grito de justicia, libertad y democracia.
Esta nueva embestida ordenada desde El Carmen, para su raquítica base social, pudiese entenderse como demostración de fuerza de parte del régimen, pero nada más alejado de la realidad, puesto que esto responde simple y sencillamente a que la dictadura está completamente desesperada, pues ninguna de sus políticas represoras ha hecho mella en la resistencia cívica y pacífica.
Todo hace indicar que el factor miedo está haciendo lo suyo a lo interno de las paredes del búnker de El Carmen, el monumental temor a una segunda explosión social sigue llevando al régimen a la toma de autoritarias, infructuosas y ridículas decisiones políticas.
En términos prácticos, la pareja dictatorial, en complicidad con un poder judicial subordinado a su autoritarismo, pretende darle legalidad a todos sus actos arbitrarios e ilegales en contra de la libertad de prensa y de expresión.
Ortega y Murillo, erróneamente, están convencidos de que su nueva agresión será fructífera para aplacar las voces que no comulgan con el discurso oficial. La “ley mordaza”, a como ya fue bautizada, una vez aprobada por los diputados de El Carmen, aparte de su naturaleza opresora, dirigida a criminalizar a quienes se oponen al dúo dictatorial, sería una norma que violenta el principio de supremacía constitucional.
Esta “ley bozal” atentaría contra derechos y libertades consignados en nuestra carta suprema. Además, con este nuevo atentado en contra de las libertades públicas del pueblo nicaragüense, lo único que el régimen gana es una fuerte condena nacional e internacionalmente.
Una vez más, el dictador y la vicedictadora desnudan su régimen frente a la comunidad internacional como lo que es, un sistema con una maquinaria criminal enfocada en suprimir todo tipo resistencia ciudadana.
Para concluir, el dueto dictatorial, enfrascado en su intransigencia política, no contempla que lo que se viene, en respuesta a su ley, es un enorme acto de desobediencia civil.
La ciudadanía nicaragüense, sin lugar a dudas, y para desgracia de Ortega, Murillo y su régimen mafioso, va a intensificar su voz desde cualquier espacio, incluyendo la trinchera de las redes sociales.
El autor es estudiante de Diplomacia y Relaciones Internacionales.
