La segunda edición del estudio de Funides “Estado de la democracia en Nicaragua 2020”, del cual LA PRENSA publicó un resumen periodístico el pasado miércoles 7 de octubre, habla bastante bien de la conciencia y la inteligencia política de la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses.
Para comenzar, el estudio indica que el 62.4 por ciento opina que Nicaragua es un país poco o nada democrático. En el lado opuesto, solo el 16.5 por ciento de la gente dice que es un país democrático, y el 14.5 que muy democrático, sumando el 31 por ciento de las opiniones.
Estos datos coinciden casi exactamente con las encuestas políticas que revelan que si hubiese elecciones libres y limpias en Nicaragua, más del 60 por ciento votaría por un cambio democrático y únicamente alrededor de 30 por ciento lo haría por el régimen del Frente Sandinista y Daniel Ortega.
Es seguro que Ortega y los dirigentes sandinistas están claros de eso, porque es lo mismo que les dicen sus propias encuestas cuyos resultados ocultan por obvias razones.
También es seguro que por eso Ortega se resiste a restablecer las garantías y derechos constitucionales y humanos que tiene suspendidos de hecho; que no quiera levantar el estado de sitio que mantiene de facto ni aceptar las reformas electorales que son indispensables para que los comicios de noviembre de 2021 puedan ser justos, transparentes, incluyentes y observados por organismos y personalidades internacionales independientes e imparciales. Ortega y los suyos están seguros de que unas elecciones auténticas las perderían inevitablemente.
Pero si decimos que las conclusiones del estudio de Funides hablan bastante bien de la conciencia y la inteligencia política de la mayor parte de los nicaragüenses, es también porque demuestran que quieren salir de la dictadura por medios institucionales, cívicos y pacíficos, lo cual significa lógicamente a través de elecciones libres y limpias.
En efecto, el 50 por ciento de las personas consultadas para el estudio de Funides cree que “la solución a la situación política del país sería un diálogo nacional entre el gobierno, políticos y sociedad civil, mientras que un 30 por ciento apuesta a una negociación internacional, un 27 por ciento considera que la solución serían reformas electorales y un 22 por ciento señala que la solución sería la reestructuración de (las) instituciones públicas”.
Estamos hablando de que la gran mayoría de los ciudadanos, hasta un 69 por ciento, quiere una salida negociada, pacífica y cívica de la crisis sociopolítica nacional. Precisamente eso es lo que demanda vigorosamente la oposición mediante la resistencia pacífica. Y es también lo que exige la comunidad democrática internacional, no solo con declaraciones sino también con sanciones económicas y políticas a la dictadura de Ortega.
La mayoría de los nicaragüenses no quiere salidas violentas, o sea, un aterrizaje catastrófico de la dictadura. De esto ya tuvo suficiente con la amarga experiencia del derrocamiento sangriento del somocismo, solo para que fuera sustituido por la dictadura sandinista que en muchos aspectos fue peor que la anterior. Lo que quiere la mayor parte de los ciudadanos es un aterrizaje suave, pacífico, institucional y electoral. Están claros de que esta es la mejor alternativa. Y si Ortega no la quiere admitir, puede ser obligado a aceptarla por la presión interna y las sanciones internacionales.
