La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, suspendió la participación de los representantes del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), del Ejército y de la Policía Orteguista (PO) en la consulta a la Ley especial de Ciberdelitos o «Ley Mordaza», sin explicar al resto de legisladores por qué decidió no escuchar las posiciones de esas entidades sobre esta iniciativa de ley represiva, que ha provocado un fuerte rechazo de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.
El Ejército, la PO y Telcor estaban citados este 7 de octubre en la Asamblea Nacional para que expusieran sus posiciones sobre el proyecto de «Ley Mordaza», que es impulsado por la dictadura. Sin embargo, Martínez les notificó al final de la tarde de ayer 6 de octubre al resto de los diputados de las tres comisiones que están a cargo del proceso, que se suspendía la reunión, y que se cerraron las consultas con lo expuesto por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada orteguista Alba Luz Ramos, la fiscal general Ana Julia Guido y la procuradora general Wendy Morales.
A las comisiones de Justicia junto a la de Educación y Medios de Comunicación y la de Infraestructura y Servicios Básicos se les encargó la consulta del anteproyecto de la «Ley Mordaza», el que fue redactado por los funcionarios de la Corte Suprema por orden del dictador Daniel Ortega, pero que fue presentado en la Asamblea como una iniciativa de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esas tres comisiones son presididas por legisladores orteguistas. Además, dado que la cantidad de diputados del régimen son mayoría, el proceso es considerado solo un mero trámite. En esta etapa de consultas se censuró la participación del gremio de periodistas, defensores de derechos humanos, juristas independientes y de la oposición quienes han advertido que la «Ley Mordaza» criminaliza el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente en las redes sociales, plataformas en internet, así como al periodismo independiente.
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La diputada Martínez, en declaraciones al canal de la Asamblea Nacional el pasado martes, confirmó que en el proceso estaba prevista la participación la PO, el Ejército y Telcor. “La consulta va a ser amplia y estamos abiertos para escuchar y recibir todos los aportes que nos hagan llegar a la Comisión”, aseguró entonces la parlamentaria orteguista Martínez.
Cancelaron sin explicación
Mauricio Orúe, del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Jimmy Blandón, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), informaron a LA PRENSA que no se les explicó la suspensión de la participación del Ejército, la PO y Telcor.
«Se suponía que sería hoy (este miércoles), pero ayer (martes) nos informaron que la reunión no iba y que no habían más consultas. No nos explicaron las razones», dijo Orúe, de la bancada PLI-ALN y Apre, la que siempre respalda las leyes del régimen.
Blandón, del PLC, refirió que «primero nos dijeron que seguía la consulta, que sería amplia, pero ellos (los del FSLN), ayer cancelaron todo. Nos dijeron que estamos al llamado para reunirnos las comisiones, pero creo que será solo para dictaminar la propuesta», dijo el diputado.
Telcor, la PO y la Fiscalía tendrán la facultad de intervenir y espiar los sistemas informáticos de cualquier empresa cuando abran investigación por un caso de ciberdelito.
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La Ley Mordaza penaliza con 1 a 10 años de cárcel, pudiendo ampliarse a dos más, por los crímenes de ciberdelito entre los que están publicar «noticias falsas», aunque los críticos señalaron que será usado políticamente contra los opositores por cuanto la propuesta es ambigua al no establecer quién y cómo se definirá qué publicación es falsa en las redes sociales o en los medios de comunicación.
Lo ordenado por el sancionado presidente del Legislativo, el orteguista Gustavo Porras, es que esta semana debe quedar listo el dictamen de la «Ley Mordaza» para que sea aprobada a partir del próximo 13 de octubre.
Lo mismo se dispuso con el anteproyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o «Ley Putin», otra arma de uso político ordenada por el dictador Ortega con la que se considerará una amenaza a la seguridad del Estado a toda persona natural, organizaciones, asociaciones, empresas y fundaciones que reciban financiamiento de organizaciones y gobiernos extranjeros.
Diputada Martínez repite discurso contra críticos
La orteguista María Auxiliadora Martínez reprodujo las descalificaciones hacia los sectores sociales, gremio periodístico y opositores que señalan que la «Ley Mordaza» es inconstitucional al eliminar el derecho a la libre expresión de los nicaragüenses, así como que de ser aprobada, el Estado de Nicaragua violaría los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
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“Esta (es) una iniciativa de ley eminentemente técnica. Tiene que ver con toda la regulación de los delitos que se cometen a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no pretende regular los medios de comunicación ni la libertad de expresión», señaló.
Añadió que busca «prevenir que no se dañe la integridad física y moral de las personas» en publicaciones en las plataformas digitales.
“Esta ley defiende de manera particular los derechos sexuales de las personas, va a regular la pornografía infantil, el acoso, porque a través de las redes se da mucho el acoso sexual, se cometen los delitos de trata de personas”, dijo Martínez.
Objetivo es intimidar al ciudadano
Roberto Cajina, especialista en temas de seguridad, señaló que el paquete de las tres leyes promovidas recientemente por la dictadura Ortega Murillo, como son la Ley especial del Ciberdelito, la de agentes extranjeros y las reformas que preparan para establecer la cadena perpetua, «tienen una finalidad inmediata: intimidar a la ciudadanía pretendiendo acallar las demandas de justicia, democracia y libertad».
Ese combo de normas represivas también es un mensaje «de aliento» del régimen a su debilitada base de simpatizantes. Para Cajina es decirles «tenemos el poder y vamos con todo”.
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«Pero detrás de esa fanfarronada es evidente que el régimen Ortega Murillo está acumulando ‘fichas de cambio’ en una eventual negociación política. Con ese mismo fin mantiene en su arsenal cerca de cien presos de conciencia, mientras excarcela a más de 20,000 delincuentes comunes y mantiene una represión sostenida contra la oposición. Esas son sus ‘fichas de cambio’”, analizó Cajina.
La lectura del especialista sobre los movimientos del dictador Ortega es que con esto se prepara pensando en un cambio en el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), donde esperaría que el demócrata Joe Biden derrote al actual presidente, Donald Trump, en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Según Cajina, el dictador esperaría que Biden, de ganar la Presidencia de EE. UU., «no se decantará por una confrontación directa con el régimen Ortega-Murillo y que, en consecuencia, no actuará como Trump, especialmente en el tema de las sanciones».
«Sin duda, lo que la dictadura espera y ardientemente desea es una negociación con Washington que conduzca a lo que se ha denominado el ‘aterrizaje suave’. Es decir, una salida sin traumas, al menos para el régimen. En este sentido es preciso resaltar que para la dictadura el tema de una negociación con Estados Unidos y/o con la oposición, o con ambos, no está fuera de sus cálculos políticos. Lo que queda claro es que el paquete de esas tres leyes no son una señal de fortaleza de la dictadura, sino clara muestra de su debilidad», afirmó Cajina.
