La última encuesta de la firma CID Gallup, cuyos hallazgos políticos comentamos el lunes de esta semana, refleja un gran incremento de la preocupación ciudadana por el auge de la delincuencia común en Nicaragua.
Cabe decir que también hay en el país una desenfrenada delincuencia política, que se practica desde el poder estatal.
Pero las encuestadoras profesionales no se meten en ese terreno peligroso, se limitan a identificar la percepción que tiene la gente de la criminalidad social y común: robos, asaltos a mano armada, homicidios y asesinatos ordinarios, violaciones sexuales, femicidios, etc.
Según CID Gallup, el 83 por ciento de los encuestados cree que el crimen y la delincuencia en general han aumentado significativamente en los últimos cuatro meses, de mayo que se hizo la anterior encuesta a septiembre cuando se elaboró la más reciente. En ese lapso la percepción del aumento de la criminalidad subió 34 por ciento, de 49 por ciento en mayo a 83 por ciento en septiembre. E informa la encuestadora que en este orden Nicaragua tiene el índice más alto entre 10 países de América Latina en los que ha hecho esta consulta.
Antes de esta encuesta prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, el sector político opositor y el eclesial, ya estaban denunciando el alarmante incremento de la delincuencia. Las organizaciones feministas en particular han denunciado el aumento oprobioso de las violaciones sexuales a mujeres y niñas, y de los femicidios.
La dictadura imperante en Nicaragua, con su prédica de odio, sus políticas de exclusión y la liberación masiva de presos comunes con fines de propaganda populista, es directamente responsable de esta deplorable situación.
Simula preocupación por el aumento de violaciones sexuales y asesinatos atroces y hasta ha anunciado una reforma constitucional parcial para establecer la pena de prisión perpetua. Pero es solo por populismo punitivo. El mismo Daniel Ortega ha precisado que el objetivo principal de tal reforma es político, amedrentar a los ciudadanos y reprimir a la oposición y la resistencia cívica contra la dictadura.
Los expertos nacionales y la experiencia internacional sobre la criminalidad y el castigo penal, demuestran que la delincuencia común es un problema social muy complejo que no se resuelve con simples disposiciones legales, ni solo con acciones punitivas por muy fuertes que sean. Acerca de verdaderas soluciones, cabe mencionar lo que ha expresado la Iglesia católica de Nicaragua por medio de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua. En un mensaje hecho público esta semana, dicha Comisión ha señalado que el aumento de la violencia y la delincuencia “es fruto de la ausencia de una adecuada educación en valores familiares y cívicos a lo largo de décadas”. E indica que “pensar en la educación es pensar en las generaciones futuras y en el futuro de la humanidad”.
Ahora bien, para transformar la educación hay que cambiar el sistema político. Un poder dictatorial fundado en el uso de la violencia criminal contra los ciudadanos genera más delincuencia social y común. Mientras haya dictadura, la descomposición social y moral seguirá socavando la convivencia nacional, que debe ser fundamentada en la libertad, la tolerancia, la democracia, la justicia y la paz.
