La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se prepara para recurrir por inconstitucionalidad en contra de la Ley especial del Ciberdelito («Ley Mordaza») y de la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros (conocida como «Ley Putin») una vez sean aprobadas por el parlamento de la dictadura.
El organismo de derechos humanos señala que el régimen orteguista pretende «el monopolio de la verdad», como de criminalizar a los ciudadanos y organizaciones sociales que no estén alineados políticamente a la dictadura.
Las abogadas María Oviedo y Carla Sequeira, del equipo jurídico de la CPDH, señalaron que el proyecto de la «Ley Mordaza» tiene como objetivo sancionar el espacio de libertad de expresión que ofrecen los medios digitales a los nicaragüenses, así como las redes sociales que son donde las personas protestan y denuncias los abusos a los derechos humanos del régimen.
Mientras con la «Ley Putin» se criminaliza la labor de las organizaciones sociales, a las que también se pretende censurar para que no sigan denunciando los crímenes contra la población.
Oviedo refirió que las plataformas digitales y el internet han sido los espacios de resistencia ciudadan tras negarse el derecho a protestar en las calles a los nicaragüenses, puesto que el ciudadano que lo intenta, es detenido ilegalmente y procesado por delitos fabricados por la Policía Orteguista (PO), el Ministerio Público y sometido a juicios partidarios en el Poder Judicial.
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Oviedo señaló que al pretender «acallar las voces ciudadanas amedrentándolas» con acusarlas de diferentes delitos con la «Ley Mordaza», así como al criminalizar a los periodistas y los medios de comunicación independientes, el régimen busca tener «el monopolio de la verdad».
«El análisis en este contexto social es que con estas leyes pretenden acallar más allá, porque pretende sancionar esa libertad de expresión en los medios digitales, porque se ataca la libertad de cualquier ciudadano que se eleve su voz a través de cualquier dispositivo», afirmó Oviedo.
El anteproyecto de la Ley especial de Ciberdelitos es impulsada por los 70 diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. Este martes 6 de octubre inicia el proceso de consulta de la iniciativa, la que estará a cargo de las comisiones de Justicia, la de Educación y Medios de Comunicación y la de Infraestructura y Servicios Básicos.
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El hecho que sea una ley creada por los mismos actores de las filas del orteguismo evidencia, según la doctora Oviedo, que es un proyecto político que pretende criminalizar y coartar la libertad de expresión de los usuarios de las nuevas tecnología y el internet.
La censura es una práctica histórica de Ortega
Los riesgos de ambos anteproyectos fueron discutidos en el foro análisis «Leyes que violentan libertades», realizado por la CPDH y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), este 5 de octubre.
Pedro González, de APN, recordó que «la persecución a los medios de comunicación críticos y de los periodistas ha sido práctica histórica del dictador Daniel Ortega», pues fue la censura impuesta en la década de los años 80, durante el primer régimen sandinista.
Tras el retorno al poder desde 2007 de Ortega, el periodista González señaló que táctica de la dictadura fue adueñarse de la mayor cantidad de medios de comunicación para difundir «campañas de mentira». Sin embargo, ese sistema se ha enfrentado al descrédito en la población «que no cree en la información que le brindan» los medios de la propaganda orteguista.
González dijo que a la APN no le sorprende «esta nueva persecución» que se pretende con la «Ley Mordaza» para afectar a los medios digitales, creando los ciberdelitos.
Sobre la iniciativa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros conocida como «Ley Putin», porque es una copia de la norma aprobada en 2012 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de aprobarse en la Asamblea Nacional, la CPDH también recurrirá por inconstitucionalidad por cuanto se violan derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales.
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Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, señaló que dicho anteproyecto entre los artículos que violenta están el 49 y 50 de la Constitución Política de Nicaragua, donde se garantizan el derecho a la libre asociación y al de participar en políticas públicas.
La «Ley Putin» obliga a registrarse ante el Ministerio de Gobernación a toda persona natural, asociación, fundación, organización que reciba financiamiento de organismos sociales, personas o gobiernos extranjeros. Se deberán presentar informes mensuales de los donantes, montos económicos recibidos y sus usos, pudiendo Gobernación intervenir los fondos y quitar las personerías jurídicas a las organizaciones que consideren una «amenaza para la seguridad del Estado».
Con esta ley, el dictador Ortega inhibirá a miembros de coalición, alianzas, movimientos y partidos que reciban financiamiento externo de ser candidatos a cargos de elección popular como de ser empleado públicos.
«Esta iniciativa de ley violenta esos derechos constitucionales y los derechos humanos de los nicaragüenses porque es problemática con los estándares internacionales. (…) Como está redactada limita acciones de la sociedad civil», afirmó la jurista Sequeira.
