Qué es el «populismo penal» y cómo el régimen lo está aplicando al recoger firmas para aprobar la cadena perpetua

Plantean que la dictadura nuevamente manipula a un sector de la población para sentirse respaldados y cumplir con sus intereses políticos, bajo el pregón desde sus medios oficialistas de que las familias nicaragüenses «respaldan» esta iniciativa y para eso están firmando una «carta abierta» dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional, donde solicitan la elaboración y aprobación de una ley que penalice con cadena perpetua a aquellos que cometan «crímenes de odio». La meta es recoger 511,736 firmas.

Pero este escenario, aparte de aprovechar el contexto social de violencia machista agudizada y en evidencia, viola el artículo 10, inciso 6 y 7, de la Ley de participación ciudadana, que indica que se «excluyen de la iniciativa ciudadana» cuando haya «leyes de rango constitucional y Constitución de la República» y «leyes relativas a defensa y seguridad nacional». Para aprobarse una ley que condene con cadena perpetua a un ciudadano se tendría que reformar la Constitución Política, que en su artículo 37 establece que la pena máxima es de 30 años de prisión para cualquier tipo de delito.

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Para el abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, la participación ciudadana en la construcción de una política criminal «es inadecuada» porque «caeríamos en lo que se llama populismo penal», donde la respuesta fácil sería el incremento de las penas, pese a que está demostrado que esto no previene ni erradica el delito.

«¿Por qué es inadecuada la participación ciudadana? Porque el primer límite de la política criminal son los derechos humanos y los derechos humanos no están sujetos al debate público», expresó el abogado, quien explicó que la implementación de la cadena perpetua sería violar el derecho que tiene un privado de libertad a la inserción social.

Ortega orientó a sus bases, como la Juventud Sandinista (JS), Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS) en las instituciones, ministerios públicos y las alcaldías, así como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), levantar las firmas en apoyo a la propuesta para la aplicación de la pena de cadena perpetua.

«Los abajo firmantes, preocupados y consternados ante el incremento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que causan impacto, conmoción, rechazo, indignación y repugnancia entre la sociedad nicaragüense, y que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas y familiares, les solicitamos de manera urgente que procedan a elaborar y aprobar leyes que castiguen de manera efectiva estos crímenes, sancionando a los culpables con pena de prisión perpetua (cadena perpetua) dado que las penas actuales para estos crímenes no son proporcionales al daño que causan estos actos», dicta la carta, con el vocabulario y tono que caracteriza al discurso de Rosario Murillo. El formato que circula incluye espacio para nombres y apellidos, el número de cédula y la firma de los ciudadanos.

«Ese tipo de recolección de firmas no incluye reformas constitucionales, por lo tanto lo que andan haciendo, además de que no se está haciendo de una manera que haya una real participación, no es legal. Es inmoral e ilegal la manera en que lo están haciendo (pero) ellos no lo están haciendo por ignorancia, lo hacen porque no les interesa el respeto a la ley, solo les interesa un aspecto de imagen, mediático», declaró por su parte el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas.

Firmas de «apoyo obligado»

Pero recoger firmas no es una acción nueva de la dictadura Ortega-Murillo, de hecho es parte del modus operandi​ cada vez que hay una situación de coyuntura nacional en la que el Gobierno propone a conveniencia y luego solicita respaldo de sus bases. En el 2018, el régimen envió a sus partidarios a levantar firmas para exigir «justicia y reparación para las víctimas del golpismo y terrorismo». Esta vez nuevamente sus bases han ido casa por casa o desde las instituciones públicas a buscar las firmas, y quien se rehúse a hacerlo es catalogado como cómplice o alguien que no quiere «justicia» en el país.

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“Aquellos que se oponen (a firmar), por algo será, lo decimos todos los días, por algo será. El que la debe la teme, a lo mejor han participado en esos crímenes o en esos tratos, crímenes de odio y tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes, degradantes”, expresó Murillo en su alocución del mediodía del lunes al oficialista Canal 4.

De acuerdo con la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, el organismo ha recibido dos denuncias de ciudadanas que fueron visitadas por las bases orteguistas en sus casas para que firmaran dicha solicitud, y ante la negación de estas, fueron cuestionadas.

«Andan en los barrios y resulta que llegan a las casas a buscar las firmas, pero no tratan ni de convencer (explicar), solo dicen ‘venimos por su firma'», refirió la defensora de derechos humanos, quien agregó que las afectadas le mencionaron que en todo momento los adeptos al régimen realizaron comentarios políticos.

En este sentido, Pablo Cuevas recordó que la dictadura de Ortega se ha caracterizado por obligar a los trabajadores del Estado a asistir a marchas o actividades políticas, o bien a realizar este tipo de acciones para dar una imagen de poder, por lo que la búsqueda de implementar la cadena perpetua en contra de los abusadores y violadores «no es real».

«Vos te das cuenta que la pretensión (del régimen) no es real, de mandar cadena perpetua para los abusadores eso no es real, todos sabemos cómo funcionan las cosas acá, el Gobierno hace una manifestación y obliga a los empleados públicos a ir a marchar», ejemplificó Cuevas.

Núñez consideró  que estas firmas pueden ser una «maniobra» del régimen para luego salir con que fue una «iniciativa popular» de la gente y no de ellos. «Esta es una manipulación perversa del sentimiento de indignación de la gente y de la confusión que todo esto genera, una confusión que la está pasando Ortega, ellos quisieron aprovecharse de ese crimen tan horrible (asesinatos de dos hermanitas en Mulukukú) y aprovecharse de esa  indignación que ha generado (la noticia) para montarse como abanderados de la protesta», dijo la presidenta del Cenidh.

El respeto a los derechos humanos

El jurista Pineda aclaró que si bien es cierto por lo general las políticas públicas deben realizarse con la participación ciudadana, el apartado del artículo 10 de la Ley de participación ciudadana es claro en decir que en cuanto a leyes que impliquen la seguridad ciudadana y la Constitución Política debe quedar en manos de otros actores, como la CSJ o la Policía.

«La política criminal si bien debe contar con la participación intersectorial, como el sistema de justicia, sistema penitenciario, actores como la Policía, no necesariamente debe ser objeto de consulta popular porque los derechos humanos no se trata de lo que quiera la mayoría (de personas) sino de un respeto a un mínimo de convivencia que integre a todos los actores sociales», detalló el abogado.

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Y agregó: «El diseño de implementación de la política del país pasa primero por el respeto a los derechos humanos y segundo, por la integración intersectorial de los operadores de justicia. ¿Por qué se limita la participación ciudadana? Porque se trata de un derecho humano fundamental internacionalmente reconocido, que es el derecho a la inserción social que tienen las personas privadas de libertad».

Por su parte, Cuevas, de la CPDH, declaró que en todo caso, si el Gobierno quiere incluir a la ciudadanía en un proyecto de ley, lo primero es buscar un consenso para solución de problemas, «diciéndole la verdad a la gente». «Deberían estar incentivando a especialistas en la materia que le digan a la gente o le dé instrumentos a la gente mediante conocimientos de qué conviene o no (con la iniciativa). El Gobierno debería estar incentivando al debate, que penalistas, sociólogos, psicólogos, hablen sobre eso… proveer de información a la gente y después de ese proceso hacer la propuesta a la gente por medio de un plebiscito, eso sería la sana forma de hacer las cosas», aportó Cuevas.

Ambos abogados concluyeron que al final no hay que criminalizar a los firmantes porque muchos de ellos lo hacen por obligación, por necesidad o miedo a represalias. «Hay algo importante, que la coacción del régimen es una realidad con la que los nicaragüenses tenemos que lidiar, y no solo hablo de las amenazas, sino de la gente que trabaja en el sector público, no hay que culpar o criminalizar a las personas que firman porque es gente que deben llevar el sustento a la casa (…) es una burda manipulación, el régimen ha demostrado ser incapaz de afrontar la crisis de seguridad en Nicaragua y como consecuencia incurre en este tipo de práctica para generar expectativas, porque la gente quiere que se haga algo», expresó Pineda.