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protestas, Nicaragua, Managua

A pesar del asedio policial y de los paramilitares la población continuaba protestando contra el régimen. LA PRENSA/Jader Flores

Estudio de Funides proyecta retorno de las protestas callejeras para 2021

Entre 2016 y 2020 han habido más de 3,200 acciones de protestas, siendo el punto de clímax entre el 18 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de ese año, cuando hubo más 2,000 eventos registrados, principalmente tranques.

El estudio “Nicaragua en Movimiento: Análisis de las protestas 2016-2020”, promovido por Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), determinó que la explosión social de 2018 fue el resultado de una acumulación de tensiones y derechos no cumplidos que hasta la fecha no han sido resueltos, por eso el análisis proyecta más manifestaciones civiles en 2021 cualquiera sea el escenario y los resultados del proceso de elecciones nacionales.

El sociólogo Sergio Cabrales, quien junto a su par Álvaro López estuvo a cargo de la investigación, señaló este lunes en una presentación virtual del estudio, que los indicadores desde 2016 demuestran que la intensidad de las protestas fue subiendo hasta el momento cúspide en mayo 2018, fecha en que también se recrudeció la represión armada del régimen de Daniel Ortega.

“Siempre tenemos la idea de que el 2018 fue un estallido de repente, que no había indicadores, pero el índice te muestra que la intensidad de las protestas venían en aumento antes de dar ese estallido en abril. Entonces también te sirve como termómetro para medir ese descontento social que va acomodándose”, explicó Cabrales.

Indicadores de Intensidad de Protestas (IIP)

Las protestas de 2018 se intensificaron por el descontento ciudadano con una reforma a la Seguridad Social, lo que convocó a estudiantes universitarios a protestar el 18 de abril, en el sector conocido como Camino de Oriente, en carretera Managua a Masaya. Ese día se dio la primer brutal embestida del régimen de Daniel Ortega, a través de grupos de choque de la Juventud Sandinista que agredieron y robaron a los protestantes a la vista y paciencia de la Policía Orteguista (PO). Sin embargo, antes de esta primer gran protesta que organizaron los estudiantes, se habían dado otras protestas estudiantiles por la falta de atención al incendio de la reserva Indio Maíz.

Protesta contra la reforma del INSS se tornó violenta en camino de Oriente. LA PRENSA/ Wilmer López

El estudio señaló que en los cuatro años observados, a partir de 2016, hubo más de 3,200 acciones de protestas, siendo el punto clímax entre el 18 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de ese año, cuando hubo más 2,000 eventos registrados, entre estos marchas y concentraciones masivas, pero principalmente tranques o barricadas.

Cabrales señaló que a partir de septiembre de 2018 fue cuando comenzaron a cambiar las formas de protestas y se convirtieron en lo que se conoce como “piquetes exprés”, que son protestas rápidas. En septiembre de 2018 fue también cuando la Policía Orteguista (PO) declaró ilegal las protestas ciudadanas, a través de un comunicado.

Después del año 2018 las protestas masivas fueron a la baja, debido a la represión vivida. Más de 320 personas murieron por la represión orteguista, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por eso el análisis de Funides señala que “es casi seguro” que en 2020 no se de un contexto de protestas como el de 2018, debido a la sistemática represión del régimen de Ortega.

“El contexto ya no es el mismo que sucedió en 2018, el régimen se ha transformado. En la oleada de 2018 una de las características que tuvo fue hacer una gradual consolidación autoritaria, medidas por índices de democracia, y en ese sentido es muy difícil que las protestas se logren desarrollar en escenarios autoritarios”, valoró Cabrales.

Aún así, el estudio registra otra oleada de protestas en noviembre de 2019, cuando un grupo de madres y familiares de presos políticos hicieron una huelga de hambre en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya. 75 actividades de protestas en ese mes, según el estudio. En ese contexto fue agredido un sacerdote y una monja en la Catedral de Managua, lo que generó más indignación ese mes.

Masaya, policía, asedio
El padre Edwin Román atrapado en la iglesia San Miguel Arcángel junto a la abogada Yonarqui Martínez, noviembre 2019. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Cabrales observó que los eventos de noviembre de 2019 “estuvieron condicionados por el despliegue con características autoritarias”. “La Policía rápidamente rodeó los puntos de protesta que fueron sofocados y no se pudieron desarrollar. Esto también tuvo un efecto en la población, que podía haberse sumado a los escenarios de protesta, pero por su aversión al riesgo no se sumaron. La población percibe el riesgo de movilizarse y por tanto tiene aversión a ese riesgo de ser detenido, de ser asesinado, de ser herido en esos escenarios de protesta, y por tanto no se suma en masa a la movilización”, agregó el sociólogo.

Pero según las proyecciones del estudio, 2021 será diferente porque es año de elecciones. Además, los estudiosos observaron que están surgiendo otros actores sociales, que están posesionando otro tipo de demandas que se van a acumulando y que no son necesariamente políticas.

Posibles escenarios para 2021

Incluso en un hipotético escenario en 2021, en el que se den algunas aperturas democráticas, también se darán nuevas movilizaciones, apunta el análisis.

“Vamos a observar un aumento de protestas y las demandas no solamente van a ser políticas, sino también cuestiones tributarias, servicios públicos, recursos naturales, garantías laborales. Casualmente estas protestas en particular, de corte económico y social, no son tan reprimidas como las protestas de corte político”, dijo Cabrales.

Y en un escenario donde no se den elecciones competitivas, si bien el análisis valora que no habrá un levantamiento masivo, se seguirán prolongando las actuales condiciones: en que la represión va a frenar las protestas como lo está haciendo ahora, lo cual, para los estudiosos, es insostenible en el mediano plazo.

“Si el régimen decide por su voluntad no abrir espacios, va a estar consciente y racionalmente de que tiene que reprimir cualquier expresión de disenso. Esto, sin embargo, va a tener un costo significativo para las autoridades y ese escenario se va a volver insostenible a mediano plazo”, manifestó Cabrales.

El sociólogo recalcó que la represión no es un escenario sostenible para las autoridades, por el costo económico que implica, además de la prolongación de la actual crisis política, social y económica.

Y en un escenario hipotético en que gane la oposición y se levanté un nuevo gobierno, las protestas también seguirán debido a la cantidad de demandas no cumplidas a la ciudadanía y también porque se percibirá un cambio en la política de represión.

Este estudio de Funides es el primero de una serie de análisis y estudios institucionales previsto a divulgarse en los próximos meses.

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