La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que este martes 28 de julio ingresará al país otro grupo de nicaragüenses procedentes de Panamá, como parte del acuerdo entre los países de Costa Rica y Panamá, pero sigue sin hacer referencia a qué acciones estará tomando el gobierno en el caso de los connacionales varados en Peñas Blancas quienes al no tener posibilidad de presentar una prueba de Covid-19 negativa, el gobierno les ha cerrado las puertas a su propio país sin darles opciones o resolver su situación.
«Mañana llega otro grupo. Repatriación segura de hermanos nicaragüenses, tenemos que verificar siempre que las personas que están llegando sean realmente nicaragüenses», dijo este lunes Murillo en su intervención de mediodía a un canal oficialista.
De acuerdo a las autoridades de migración de Panamá, el 25 de julio atendió la salida humanitaria de 103 nicaragüenses que integraron el noveno grupo que ingresa al país. Esa noche entraron los más de cien connacionales a través de estos acuerdos entre naciones, cuyos trámites según el gobierno les toman varios días. En el campamento de Jacú aún quedan 225 ciudadanos que esperan la autorización de viajar.
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Murillo señaló que estas personas deben presentar los documentos personales y la prueba de Covid-19 negativa, además serán sometidos a una cuarentena de 14 días desde sus casas. «Revisión rigurosa se realiza cuando entran», expresó Murillo, quien agregó que los nicaragüenses que entran al país «cumplen con todas las normativas sanitarias».
Otros nicas varados
Desde el 18 de julio, unos 80 connacionales se encuentran varados en Guatemala, en el puesto fronterizo El Florido, que divide de Honduras. El grupo de personas regresan al país porque quedaron sin trabajo.
Por otro lado, alrededor de 500 nicaragüenses se encuentran en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Costa Rica. El régimen de Daniel Ortega ha sido inclemente con los connacionales que llevan más de diez días en ese lugar, aguantando hambre, sol y lluvia, además de la intimidación de los agentes antidisturbios desplegados en la zona para impedirles el paso.
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Aunque en Murillo mantiene el discurso de que velan por la seguridad de los nicaragüenses, esta no es la primera vez que el régimen impide el paso de los ciudadanos al país. Connacionales se mantuvieron varados en distintos cruceros por alrededor de tres meses.
El régimen primeramente no les brindó respuesta a la solicitud de arribar al país pero luego de tres meses y ante protestas de las familias de los afectados, se les exigió a la tripulación la prueba del Covid-19 negativo para poder entrar.
