El mundo entero atraviesa una crisis de salud debido al Covid-19. La canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró al respecto: “La situación es seria. Tómenla también en serio”. Los países se han visto obligados a adoptar medidas extremas para que la propagación del virus sea menos devastadora. Sin duda, el mayor impacto lo sufrirán aquellos países con menor poder adquisitivo, o en vías de desarrollo.
La crisis humanitaria según OXFAM es “una condición de emergencia que amenaza los derechos fundamentales de una comunidad o conjunto de personas en una región o país, pues atenta contra su propia vida o salud”. Enfrentamos una emergencia mundial que no debería ser ignorada por Nicaragua. No somos inmunes. Los representantes del poder ejecutivo han actuado de manera irresponsable, ocultan cifras, convocan a marchas a pesar de las recomendaciones de la OMS y no dan a conocer información necesaria y obligatoria ante la magnitud de lo que se nos aproxima en las próximas semanas. Pero, esa ha sido la característica esencial de esta administración pública.
Una crisis humanitaria no puede ser resuelta solo por un sector, en este caso el Estado, quien generalmente tiene el monopolio y control de las políticas públicas, menos cuando este no cuenta con suficientes recursos financieros. Por ello, es necesario involucrar a otros agentes, tales como la empresa privada, organismos y comunidad internacional, sociedad civil, universidades, gremios de médicos, maestros, abogados, iglesias, entre otros, quienes de manera coordinada con el gobierno podrían hacer frente a una crisis. Lo anterior solo es posible en países que respetan el Estado de derecho o se acercan a la poliarquía. No esperemos un comportamiento similar en el contexto actual que vivimos.
La tendencia de Nicaragua ante el Covid-19 es apocalíptica, no por predecir el futuro, sino porque las condiciones para que así sea están dadas. No hay suficientes camas, ventiladores, personal médico especializado, espacio acondicionado para atender a los enfermos del virus, un protocolo para el entierro de cadáveres, voluntad política, espacio para que los tecnócratas opinen o sugieran, entre otros.
Recientemente la Diócesis de Matagalpa promovió una iniciativa humanitaria llamada “Proyecto de los Centros de Prevención Médicas” para atender personas que se contagien con el virus. En lo personal sentí esperanza y respiro porque al menos un sector de la sociedad tendría atención profesional y gratuita. La alegría duró unos minutos porque después mediante un tuit, el obispo Rolando Álvarez informó que el Ministerio de Salud le notificó que no podía “llevar adelante el proyecto”.
La labor social y humanitaria de la Iglesia católica no debería ser impedida por un capricho burdo del gobierno de turno. El pueblo necesita una respuesta pronta que el Estado no está en la capacidad de resolver. Para ayudar al desvalido nunca ha sido necesaria la autorización de nadie, es una cuestión de Derechos humanos básicos. Recordemos que hasta Naciones Unidas recientemente lanzó “un llamamiento humanitario para luchar contra el coronavirus en algunos de los países más vulnerables del mundo”.
Nos encaminamos a un “crimen sin nombre”. En Nicaragua, no hay voluntad política gubernamental para enfrentar la crisis humanitaria que se nos avecina, misma que afectará considerablemente la situación de derechos humanos, sumando la falta de institucionalidad, altos índices de corrupción, impunidad galopante, vulneración de derechos, y la indiferencia y ausencia del encargado de representar a la nación.
Todos conocemos la historia y sus resultados.
La autora es abogada y notario. Miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción
