La dictadura Ortega Murillo no tiene facultades para dar el beneficio de convivencia familiar a reos comunes sin antes la Asamblea Nacional haber aprobado dicho decreto, por lo que el anuncio de este miércoles de que el régimen, a través del Ministerio de Gobernación excarceló a 1,700 reos comunes es un acto “monárquico y absolutista”, refirió el exdiputado y analista político Eliseo Núñez.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que la mañana de este miércoles 1,501 hombres y 199 mujeres fueron excarceladas bajo convivencia familiar. “Así cumplimos con nuestro compromiso cristiano de promover unión familiar”, dijo Murillo.
Núñez explicó que dar un indulto, mal llamado “perdón presidencial” o convivencia familiar, no es una facultad del presidente de la República de Nicaragua. Esto solo se puede hacer mediante la Constitución Política, que expone que hay dos vías para llevar a cabo esta medida: tiene que ser aprobado por la Asamblea o por las vías judiciales, que es la liquidación o cumplimiento de la pena o cambio de medidas cautelares.
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“Él (Ortega) debió haber enviado esta propuesta, conforme lo establece la ley, a la Asamblea Nacional y esta lo hubiese aprobado y él después lo hubiera promulgado. Por ser humanitaria (la acción) se ha venido convirtiendo en una costumbre pero el gobierno no está habilitado, no es constitucional”, declaró el analista político.
Ortega como deidad
Núñez agregó que el anuncio del régimen solo muestra que es “un acto monárquico y absolutista”, que no obedece ninguna ley, y en el cual Murillo se ha encargado de que las personas beneficiadas lo endiosen.
“Lo que pasa es que Murillo lo ha concebido como una deidad que decide por encima del bien y del mal, este tipo de cosas no lo quiere dejar a un poder legislativo sino que lo traslada a un ámbito absolutamente personalístico porque lo quiere pintar como el que está por encima de todo, es una práctica insana y fuera de cualquier concepto de democracia y separación de poderes”, manifestó.
Para el analista político y exdiplomático, José Pallais Arana, esta acción está fuera de toda legalidad pero consideró que en momentos en que el mundo vive una pandemia y Nicaragua es parte de eso, la noticia se puede recibir como algo positivo porque bajaría los riesgos de que se dé una situación de brote del nuevo coronavirus en los sistemas penitenciarios del país.
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“Está fuera de toda legalidad, pero es correcto tomar estas medidas, mantenerlos internos, encerrados significa una amenaza a su vida y salud”, dijo Pallais Arana, pero cuestionó que podría tener un trasfondo político, para fortalecer la represión puesto que los principales beneficiarios deberían ser las personas con enfermedades crónicas o presos políticos, quienes están en cárceles sin cometer algún delito.
“Pueden tener buenas razones pero se tiene que hacer bajo la ley y la ley indica que eso solo se puede hacer a través de un indulto”, expresó por su parte Núñez.
Excarcelaciones
De acuerdo al comunicado del Ministerio de Gobernación las excarcelaciones se dieron en los sistemas penitenciarios de Tipitapa, Chinandega, Matagalpa, Granada, Estelí, Juigalpa y Bluefields.
Al momento de las excarcelaciones una delegación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) acompañó como observador. “El CICR participó en esta operación por invitación del Gobierno. Nuestro rol fue como observador”, aseguró Laure Schneeberger, jefa de la misión del CICR en Nicaragua.
Un trabajo de investigación publicado por LA PRENSA a mediados de marzo reveló que entre enero de 2018 y febrero de 2020 se ha excarcelado alrededor de 9,934 privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, en Tipitapa. Las personas fueron condenados en su mayoría por delitos relacionados con droga y robo agravado.