Las organizaciones cívicas opositoras al régimen de Daniel Ortega celebraron la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de suspender un préstamo para la Policía Orteguista de 7.6 millones de dólares en el marco de proyecto regional para todas las policías del área centroamericana .
En la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) recibieron como «un triunfo del pueblo» que el BCIE suspendiera el desembolso del préstamo a la Policía Orteguista (PO), porque representa un «castigo» para el brazo represor del régimen orteguista.
Violeta Granera y Jesús Tefel, del consejo político de la UNAB, valoraron que las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) representan un acorralamiento financiero a la PO y un mensaje para las demás entidades, como el Poder Judicial y la Fiscalía, que se han parcializado a favor de la política represora contra los protestantes.
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«El mensaje político aquí es importante porque está diciendo que te sancionan a una institución, se les corta todas las fuentes de financiamiento. La Policía ahora solo sobrevivirá con los impuestos internos, lo que esperamos cause una reacción para que se centren en usar esos recursos en medidas de prevención del delito real», dijo Tefel. Añadió que la reducción de fondos externos debería forzar a la PO ha dejar de abusar de los derechos humanos a los nicaragüenses.
Granera, de la UNAB, dijo que «debería de poner en alerta» a todo el aparato represor del Estado «que no están asumiendo su responsabilidad para enfrentar la crisis de salud» por la pandemia del coronavirus. «El Estado puede violar los derechos humanos por acción o por omisión. Aquí desgraciadamente se están usando las dos modalidades», señaló Granera.
El opositor y miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, consideró que la medida de BCIE, de suspender los préstamos a la Policía de Nicaragua, fue una decisión para protegerse de las sanciones aplicadas por Estados Unidos a esa institución.
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«El BCIE está protegiendo sus recursos, debido a que tiene importantes inversiones en los Estado Unidos e importantes relaciones con sectores financieros de los Estados Unidos, que le facilitan créditos y no quiere exponerse a que las sanciones impuestas a la Policía Nacional, sean extendidas a sus operaciones y que sufra las consecuencias de la aplicación de las mismas», dijo Pallais vía telefónica.
El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que la medida tomada por el BCIE es una de las consecuencia del actuar represivo de la Policía contra las protestas civiles desde abril de 2018. «Ellos, la Policía Nacional, provocaron que los sancionaran», expresó Chamorro.
