Los diputados orteguistas aprobaron la nueva Ley de Protección Fitosanitaria en la que obviaron las quejas del sector privado, sobre que la legislación otorga demasiadas facultades discrecionales al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y crea multas excesivas contra los productores.
La nueva Ley establece sanciones entre los 100 y 7,000 dólares contra el productor y empresas que según las inspecciones que realicen los técnicos de IPSA, incumplan los requerimientos de prevención de plagas.
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Wálmaro Gutiérrez, diputado presidente de la Comisión Económica, restó importancia a las críticas del sector privado diciendo que Nicaragua está cumpliendo con modernizar su legislación de protección fitosanitaria, bajo las exigencias de organismo internacionales.
“El sector agropecuario es generador de divisas (porque) muchos de los productos no se quedan para consumo nacional sino que traspasa las fronteras, se exportan. La legislación fitosanitaria no es antojadiza, sino que hay un estándar mundial y si un país no la cumple sencillamente se aísla porque ningún mercado se abrirá a ese país sino las cumple”, dijo Gutiérrez.
Esta Ley Fitosanitaria deroga la Ley de Sanidad Vegetal y Animal.
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), ha expresado su preocupación por la discrecionalidad con la que actuarán los del IPSA, así como los costos por los servicios y las multas que podrán imponer.
Con esta ley, los productores estarían en la obligación de informar ante el IPSA el surgimiento de enfermedades y plagas que presenten los cultivos de vegetales y plantaciones, como el café.
El sector privado ha señalado que no corresponde al IPSA determinar qué medidas debe tomar a cuenta del productor para controlar o erradicar plagas, por cuanto como entidad no interviene y participa en la erradicación del problema.
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Respaldo de todos aunque se hizo críticas
La nueva Ley Fitosanitaria se aprobó con 75 votos de los diputados orteguistas y cinco de sus aliados políticos del PLI, ALN y Apre. Los otros 16 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el de Yatama y el Partido Conservador se quedaron presentes en el sistema electrónico, que de acuerdo al procedimiento son votos que se cuentan a favor de la Ley.
El único que votó en contra fue el diputado de la ALN, Alejandro Mejía Ferreti, aunque fue en la discusión general de la Ley Fitosanitaria, pero cuando se abordó por capítulos también se quedó presente en el sistema electrónico dando así su respaldo.
Aunque en el PLC se identificaron varios aspectos desfavorables para los productores.
Azucena Castillo, diputada liberal y miembro de la Comisión Económica, señaló que el riesgo es que el régimen utilice el IPSA con fines recaudatorios —dado que en la nueva ley aprobada se establece que debe ser autosostenible financieramente—, lo que implica que del cobro de los servicios que dé a los empresarios y productores dependerá su presupuesto.
“Los costos deberían ser más razonables. El IPSA tendrá que ser autosostenible por lo que no quisieramos ver un fin recaudatorio, sino que se piense en la eficiencia”, dijo Castillo.
Señaló la legisladora que también debe corregirse la respuesta lenta del personal del IPSA por cuanto en Nicaragua es donde se dan los mayores retrasos en las inspecciones de los furgones de transporte de carga internacional, cuando estos llegan a nuestras fronteras.
