Las sanciones del gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional junto a otros tres comisionados; Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle, representan un aporte de pruebas para determinar la responsabilidad que tiene la fuerza pública en las violaciones de derechos humanos, expresó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH), Vilma Núñez.
La cúpula policial fue señalada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de ser investigados por crímenes de lesa humanidad. A eso, ahora se suma que las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se basan en que la Policía es “una herramienta (del régimen orteguista) en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Como consecuencia de la represión gubernamental contra las protestas cívicas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contabilizó 328 asesinados, más cientos de heridos, desaparecidos, presos políticos y personas desplazadas a la fuerza. Para Núñez, estas sanciones colocan a la Policía como “perpetradores directos de los crímenes de derechos humanos que se han cometido”, y permitirán documentar mejor los casos para llevarlos a la justicia internacional.
El comunicado del Departamento del Tesoro indica que la Policía “es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, dijo Núñez.
Ha causado sufrimiento
Para Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Policía no es la única institución represora, pero ha sido un eslabón esencial al servicio del poder. Esta “puso en práctica los peores métodos de represión, de sufrimiento, de tortura (…)” , expresó.
Las sanciones ratifican lo que ha se ha venido denunciando, que en Nicaragua se han cometido y se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Explicó que la “policía se redujo a un papel de verdugo”, de implantar un Estado policíaco.
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Desmantelar la política represiva
Luis Alberto Pérez Olivas, director de Auxilio Judicial; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Juan Antonio Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje fueron los tres sancionados. Al respecto los defensores de derechos humanos explicaron que son mandos representativos de graves violaciones de derechos humanos.
El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que se trata de ir “desenredando” esa política gubernamental de represión, lo que permite delimitar responsabilidades a nivel individual, con rostros visibles de la represión más allá de Ortega-Murillo.
No obstante, para Núñez, estas sanciones podrían ser un “arma de doble filo”, puesto que el gobierno ha tratado de burlar estas sanciones, incluso, nombrando a los sancionados como asesores del Estado. También pueden reaccionar como “fiera herida”, o bien, pueden ignorarlas.