El recién pasado viernes 21 de febrero, el dictador Daniel Ortega prorrogó por cinco años más la permanencia del general Julio Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua.
Expertos democráticos e independientes en temas militares nicaragüenses han calificado este hecho como retroceso institucional del Ejército. Tienen razón. En realidad, el retroceso comenzó desde que Avilés fue reelegido para otro período, al terminar el mandato de 5 años para el cual lo designó en 2005 el entonces presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer, de acuerdo con el mandato de la ley.
Desde entonces el Ejército viene deteriorándose institucionalmente, caminando como el cangrejo, como se suele decir de aquellas personas, organismos o instituciones que en vez de avanzar más bien retroceden.
Para entenderlo hay que hacer un poco de historia. Este Ejército fue fundado en 1979 —en sustitución de la Guardia Nacional somocista—, como una fuerza militar partidista al servicio de la revolución sandinista y del partido político gobernante llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De manera que así como la Guardia Nacional fue el sostén castrense del somocismo, el Ejército Popular Sandinista (como se llamó de 1979 a 1995) fue el soporte militar de la dictadura sandinista.
Con la derrota del sandinismo en las elecciones del 25 de febrero de 1990, y el establecimiento del nuevo gobierno democrático en abril del mismo año, se planteó la necesidad de convertir al Ejército Popular Sandinista en Ejército de Nicaragua, en una institución armada nacional, de todos los nicaragüenses por encima de sus opiniones y simpatía políticas.
Esa necesidad, indispensable e ineludible para poder construir una sociedad y un Estado democráticos, no era un capricho de nadie. Estaba planteada en el Programa de Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) por el cual la mayoría de los nicaragüenses votó en las mencionadas elecciones de febrero de 1990.
Por supuesto que aquella conversión militar no era fácil, por la vocación totalitaria del FSLN y de los altos mandos de su ejército partidista. De modo que hubo mucha resistencia, violenta y a ratos incluso sangrienta, pero finalmente los dirigentes del partido y del Ejército sandinista, entendieron que no podían detener el curso de la historia, ni irrespetar por siempre la voluntad popular mayoritaria que libremente se había manifestado en las urnas electorales.
Así fue que en 1994 se logró aprobar la nueva ley de organización militar y en febrero de 1995 se designó al nuevo comandante en jefe del Ejército en sustitución del general Humberto Ortega. De acuerdo con esa ley, ese cargo militar superior sería rotativo, se renovaría cada cinco años y nadie podría tener derecho a ser designado para otro período.
Sin embargo, para desgracia de Nicaragua y del difícil proceso de democratización y profesionalización del estamento militar del Estado, Daniel Ortega volvió al poder en enero de 2007 y el mismo día de su asunción presidencial llamó a cuentas a los mandos militares y les recordó sus orígenes sandinistas y partidistas. Posteriormente abolió el mandato de ley para la renovación cada cinco años del jefe del Ejército y comenzó a inclinar la institución militar a favor de su régimen autoritario, otra vez como en tiempos del somocismo y de la primera dictadura sandinista.
Y en esas estamos ahora, con la esperanza de que haya una reserva de militares profesionales y de que en otras elecciones como las de 1990, el pueblo vote por la restauración de la democracia y se pueda comenzar a reparar los graves daños que la dictadura de Daniel Ortega le ha hecho al Ejército de Nicaragua.
