César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), advirtió que el Anexo Técnico de la Normativa de Generación Distribuida Renovable para Autoconsumo, es un instrumento que le permitirá a Disnorte-Dissur controlar a quienes hagan nuevas inversiones en paneles solares, con el único fin de evitar competencia.
“Es una ley que lo único que hace es proteger a la compañía distribuidora, haciéndola menos competitiva al sector, la ley supuestamente es para modernizar el sistema y lo que hacen es hacerlo más retrógrado, todo para defender a la empresa distribuidora, lo que es absurdo, es un paso atrás, es lamentable lo que están haciendo”, dijo Zamora.
Las conexiones de energía renovable para autoconsumo en Nicaragua no eran normadas, pues aunque en diciembre del 2017 se aprobó la Normativa de Generación Distribuida fue hasta este 13 de febrero del 2020 que se publicó el Anexo Técnico en el Diario Oficial La Gaceta, es decir que ahora las nuevas instalaciones para autoconsumo de energía tendrán que hacer uso de esta nueva reglamentación.
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De hecho cuando se hizo la normativa en el 2017, fue en consenso entre el sector público y privado, con la representación de la CEN, cuando aún el gobierno y el sector privado mantenía el modelo de diálogo consenso.
“Cuando se hizo la normativa nos reunimos el gobierno, el Banco Interamericano y el sector privado para hacer la normativa y lo que quedó pendiente fue el Anexo Técnico, ahora con este anexo revistieron todo, porque con la energía distribuida, lo que se quiere de alguna manera es hacerle competencia a los generadores y a la distribuidora, para que haya inversión de los privados en la industria, en el comercio, para atraer energía renovable al sistema, pero ellos no quieren competencia”, sostuvo Zamora.
Un trámite burocrático
La normativa establece que los hogares, edificios, pymes, industria o comercios u otros, que quieran generar su propia energía y estar conectados a la red de distribución deberán pagar un estudio de factibilidad, cumplir con los requerimientos técnicos y además de hacer la inversión en todo el sistema fotovoltaico y de distribución.
Para Zamora esto no es más que un trámite burocrático con el que no va poder cumplir la empresa distribuidora.
“Además están creando una burocracia que no tienen capacidad de atender, poner medidores, hacer estudio de factibilidad, es absurdo o sea hacen una ley que no van a poder aplicar”, dijo.
El líder del sector energético también lamentó todos los beneficios que se le están dando a la empresa distribuidora, que poco a invertido y que ha sido una piedra en el camino para abaratar los costos de la energía.
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De hecho las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) revelan que en promedio las pérdidas eléctricas por distribución hasta marzo del año pasado alcanzaron un 20.75 por ciento, cuando en el 2017, antes de la crisis sociopolítica eran del 18.83 por ciento, sin embargo en la región el promedio de pérdidas no supera el 12 por ciento.
“Hay que meterle competencia a la distribuidora, porque si no siempre va ser una compañía que se echa, lamentablemente ahorita lo que están haciendo es darle más recursos para que se eche y no sea eficiente y es lamentable que el BID se preste a eso, porque es una condición del BID hacer esta normativa y ellos dieron el visto bueno para este anexo, que va en contra de la competitividad del sector. Aquí es responsable el Banco Interamericano y la compañía distribuidora, lo que están haciendo es matando los proyectos futuros, ya nadie va poder invertir y eso es lo que quieren, que nadie más invierta para proteger a la distribuidora”, agregó.
La publicación de este nuevo reglamento se da precisamente, una semana después que la sede central del grupo español TSK confirmó a LA PRENSA que ya no tienen negocios con la distribuidora de energía, Disnorte-Dissur de Nicaragua, sin embargo tanto el consorcio como el régimen de Daniel Ortega mantienen el secretismo de quiénes son los nuevos dueños de la empresa.
En toda Centroamérica hay normas o leyes que regulan la generación distribuida, el último país que se ha sumado a este proceso es Nicaragua, por una recomendación de los organismos multilaterales. La diferencia es que en estos países se promueve la inversión y los trámites no son burocráticos.
