La Corte Suprema de Justicia de El Salvador a través de la Sala de lo Constitucional, ordenó este lunes al presidente Nayib Bukele, «abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales», pera evitar poner en riesgo la forma de gobierno en ese país.
La Corte también ordenó al Ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, que no ejerzan «funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados», esto en referencia al fuerte despliegue militar que con el que el presidente Nayib Bukele ingresó este domingo a la Asamblea Legislativa, como una forma de presionar a los legisladores para que aprueben el préstamo por 109 millones de dólares.
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Otra de las medidas adoptadas por el Judicial fue «ordenar al Consejo de Ministros (…), el cese de los efectos de la convocatoria» de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, que pretende conseguir la aprobación de un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, cuyo objetivo es disminuir los índices de homicidios en El Salvador.
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Estas órdenes, emitidas a través de un comunicado de la Sala de lo Constitucional, son parte de otras medidas cautelares tomadas por este órgano ante la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, a quien la Corte Suprema ordenó dejar sin efectos «cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado».
Mientras tanto, tras conocer la resolución, los diputados de la Asamblea Legislativa se levantaron este lunes y aplaudieron la admisión de la demanda por la Sala de lo Constitucional.
Bukele realizó la solicitud de dicho préstamo a la Asamblea Legislativa a finales de 2019. Sin embargo, algunos diputados han requerido explicaciones sobre el proyecto y han planteado algunas preguntas, lo que ha dilatado el proceso debido a la falta de consenso de la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
Esta falta de consenso ha desencadenado una severa crisis institucional que ha derivado una guerra de poderes, entre el Legislativo y el Ejecutivo.
