Ante el anuncio del relanzamiento de las Comisarías de la Mujer por parte del régimen de Daniel Ortega, las interrogantes vuelven a surgir sobre su verdadera operatividad, la calidad de atención y los recursos que se destinarán a este programa, ya que hasta el momento se desconoce de dónde saldrán los fondos para el equipamiento de estas oficinas.
«La comisaría está equipada con medio de transporte, comunicación y mobiliaria remodelada con recursos de nuestro presupuesto», dijo escuetamente la vicepresidenta Rosario Murillo, al oficializar el relanzamiento de las Comisarías este jueves 6 de febrero.
Los recursos de las que habla Rosario Murillo para que estas instancias se reabran, se desconocen de qué partida salen, si de la Policía Orteguista, Ministerio de la Mujer o del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. En el proyecto del Presupuesto General de la República (PGR) 2020, el programa de las Comisarías de la Mujer está ausente, no existen detalles del mismo.
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«En el presupuesto muy poco o nada se encuentra de información de las asignaciones presupuestaria de los programas (de las comisarías), lo que sí hemos encontrado son metas o indicadores establecidas, pero más en metas cuantitativas, pero no presupuestarias», refirió Dayra Valle, coordinadora de la iniciativa Transparencia Nicaragua.
Una decisión política
La reapertura de las comisarías se da en medio de un inicio de año violento en Nicaragua -donde se reportan al menos 20 muertes violentas, entre ellas seis femicidios,- por lo que las organizaciones de mujeres atribuyen el anuncio a una «decisión política», y no a una lucha por eliminar la violencia contra la mujer, por la falta de información que envuelve el tema.
«Creo que es importante no solo decir que van a reabrirlas, sino ver cuánto presupuesto el Estado va a destinar para el funcionamiento de las mismas, para garantizar que no vuelvan (las excusas) que como que ‘no hay combustible’ , sino que sirva para dar respuestas oportunas y de calidad, respuestas efectivas para prevenir la problemática de la violencia», manifestó por su parte Elia Palacios, de la Asociación de Mujeres Axayacatl.
Valle coincide con las feministas, y cree que el relanzamiento de las comisarías es «una decisión que está saliendo ahorita», puesto que el presupuesto de este año se trabajó en junio de 2019, para luego presentarse en octubre y finalmente aprobarse en diciembre.
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«Puede ocurrir que es una decisión que se está tomando ahorita por X o Y motivo, y es una decisión que no tiene presupuesto y lo que están haciendo es reacomodar partidas presupuestaria para generar el servicio nuevamente de las comisarías, y esto dice mucho de la poca capacidad de planificación que pueden tener», expresó Valle.
Señaló también que teme que el funcionamiento de las comisarías «sea bastante incipiente» en este año. «No es algo que se sacan de la manga, es una cuestión que lleva su proceso, entonces la pregunta sería ¿tenemos los suficiente recursos para cubrir eso? porque si es una decisión que está saliendo sobre la marcha, significa que no ha sido planificada y por ende no ha sido establecidos suficientes recursos», agregó.
Comisarías deben mostrar transparencia
Valle también declaró que si las comisarías estuvieran dentro del PGR, estas estarían en programas generales, «metidas en un bolsón grande oscuro» donde no se permite ver lo detalles de los recursos.
«Las comisarías pueden estar en programas generales porque tienen dos funciones, una preventiva y otra el seguimiento, cuando ya han ocurrido caso de violencia. Puede que estén metidas en esas partidas que son más macros, que estén metidas en un bolsón más grande… y ahí es donde esté bolsón es muy oscuro y no nos permite ver en detalle porque en efecto deberían estar en una partida desglosada en la Policía, que es la entidad encargada”, explicó la especialista.
Valle refirió que al no contar con las especificaciones de los recursos, impide conocer realmente cuánto es el dinero destinado para las comisarías, cuáles son las fuentes de financiamiento, así como las prioridades dentro de las comisarías. «Están metidas en un bolsón y eso es la falta de transparencia que se genera y la rendición de cuentas en detalles».
Al respecto, Palacios reforzó diciendo que el régimen tienen la obligación de velar por la integridad y vida de las mujeres, y pasar más allá del anuncio de relanzamiento de las comisarías. «No solo basta con decir ‘vamos a reaperturar’ sino también ver qué calidad de atención se va a brindar en esas instalaciones, qué tan pronta va hacer la respuesta cuando la mujer llegue a poner la denuncia, cuántos casos van hacer judicializados, que tenga un personal sensibilizado, capacitado y comprometido con la lucha contra la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, que se aplique la Ley 779», enfatizó.
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Valle concluyó que al volver a funcionar las comisarías, implicaría darle seguimiento «de cerca a la operatividad y que no sea como un espejismo». “Hay una correlación entre la calidad de la atención versus el tema de asignación presupuestaria, y es una voz de alerta para que le demos seguimiento a cómo van a operar».
Por su parte Palacios dijo que la funcionalidad de las oficinas se medirá con el presupuesto económico destinado, la atención y respuesta a las víctimas. «Hay que esperar qué nos van a decir las mujeres luego, la práctica, lo que ocurra luego es lo que nos va a decir si vino abonar o aumentar la problemática. Pero realmente no es regalada, el Estado tienen la obligación de tutelar los derechos de las y los ciudadanos», declaró.
