Un total de 48 mujeres han sido víctimas de femicidio desde enero hasta el 30 de septiembre, según el reporte de Católicas por el Derecho a Decidir. A esta cifra se añaden 58 casos de femicidios en grado de frustración.
El caso de la estadounidense Ariana Enid Martínez García, quien murió de un balazo en la frente la noche del domingo pasado en Matagalpa, es catalogado por Evelyng Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, como un femicidio con violencia institucional y política, puesto que el autor del crimen, Juan Pablo Ortiz González, ha sido señalado como parapolicía, los grupos que han funcionado acuerpados por el régimen orteguista para seguir cometiendo delitos que quedan en la impunidad. “Demandamos una debida investigación para que el caso no quede en la impunidad”, expresó.
Flores señaló que en el caso de Martínez García se refleja el odio y la misoginia del atacante contra la mujer por el hecho del poder que creen los hombres tener sobre los cuerpos de las mujeres, ya que sin más preámbulo le disparó.
Los femicidios en el último mes han sido con alto grado de saña, con crueldad hacia los cuerpos de las mujeres, expuso Flores. En algunos casos, tanto los femicidios como los femicidios en grado de frustración ocurrieron frente a los hijos, lo que implica un agravante, expuso la feminista.
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El pasado 25 de septiembre Pablo Fitoria Miranda asesinó a cuchilladas a Nereyda Víctoria Trujillo en una zona del distrito VI de Managua. Antes, en agosto, Seylit Parrales Sevilla fue víctima de un ataque con una navaja en la yugular y en el seno izquierdo por parte de su expareja, Yerol Josué Álvarez; ella sobrevivió.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, explicó que las mujeres viven en un estado de indefensión, situación que se viene denunciando desde hace años. En el 2016 advirtieron sobre el cierre total de las Comisarías de la Mujer, además de las reformas paralelas a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que contradice el abordaje integral que perseguía dicho instrumento jurídico.
“Es un Estado que ha promovido la violencia institucional, que ha tratado con desprecio la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres (…) Estamos ante la profundización de la violencia y una pandemia que ha sido denunciada internacionalmente con el agravante de la desprotección y la indefensión en la que viven las mujeres nicaragüense”, expresó.
Ante la ausencia de un marco de protección, Jiménez señaló que desde la población, la familia y las organizaciones se debe empezar a trabajar por un cambio de mentalidad y del respeto a los derechos humanos.