El régimen de Nicaragua reportó a un comité del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, información que es rechazada por organizaciones de derechos de la mujer en Nicaragua que dan a conocer lo contrario: la dictadura eliminó estas oficinas desde 2015.
El pasado 27 de mayo el Estado de Nicaragua, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un tardío informe que debió haber presentado en 2013, como parte de sus obligaciones internacionales de rendir informes de Estado-País del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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En ese documento con seis años de retraso, el régimen informa que en materia de protección a la mujer, entre otras medidas, y “con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y protección judicial”, en el período 2014-2018 “se han establecido 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en el territorio nacional”.
El informe oficial es la respuesta del Estado de Nicaragua al Examen Periódico Universal (EPU) que el pasado 15 de mayo se le hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde se reprobó de manera general al Estado por sus reiteradas y permanentes políticas de violaciones a los derechos humanos.
Este documento es parte del informe de respuesta de Nicaragua que será evaluado en septiembre próximo, en el marco del seguimiento de Naciones Unidas al cumplimiento de los tratados internacionales del país en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales.
Cifras falsas de la Policía
El dato de las 61 Comisarías de la Mujer que según el régimen se han instaurado entre 2014 y 2018, a criterio de la Red de Mujeres contra la Violencia, “es falso y cínico”.
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“Al contrario, entre 2014 y 2016 eliminaron las Comisarías de la Mujer que existían en todas las delegaciones como modelo de atención integral contra la violencia hacia las mujeres. Con las reformas a la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres) pasaron ese personal especializado a la Dirección de Auxilio Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y violencia de género como delitos comunes”, dice Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Flores señala que cada mes en Nicaragua, entre cinco y siete mujeres son asesinadas, víctimas de la violencia extrema como es el femicidio, sin que las autoridades policiales incidan en la reducción y prevención del crimen.
Desmanteladas desde 2014
“Las mujeres nos encontramos en la indefensión total ante un Estado e instituciones indolentes. No hay acceso a la justicia real y efectiva, no se investigan violaciones y abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres. Con el cierre de comisarías desde el 2016 no hay atención especializada en las denuncias de los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Cercenaron la Ley 779, que fue creada como una herramienta jurídica para proteger la vida de las mujeres”, señala Flores.
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Hasta el 12 de agosto, esta organización registraba 44 femicidios en lo que va del 2019, además de nueve mujeres desaparecidas (niñas y adolescentes incluidas) y, a criterio de Flores, la mayoría de ellos pudo evitarse “si atendieran las denuncias de las mujeres con la debida diligencia”.
De acuerdo con Flores, la Policía Orteguista (PO) empezó a desarticular de facto a las Comisarías desde 2013 y terminó su proceso en 2016.
Dejan en abandono a las mujeres
Lo más grave, a criterio de la Red de Mujeres contra la Violencia, es que la PO no solo desarticuló la red de oficinas de Comisarías y deja en indefensión a las mujeres, sino que permite, tolera y actúa en complicidad con grupos parapoliciales y terceros armados para cometer abusos y delitos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del estado de represión que se sufre en Nicaragua desde abril de 2018.
“Todo el sistema de justicia, desde la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, han desnaturalizado y descuidado el mandato de protección a la mujer nicaragüense, por eso desde la Red nosotros insistimos a los fiscales de género que renuncien a sus cargos y se dediquen, si así lo quieren, a seguir en sus labores de partidismo político, pero sin salarios del Estado”, dice Flores.
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La desaparición de las comisarías, según Flores, impacta directamente en tres aspectos: en la atención integral de las mujeres víctimas con un enfoque de reparación y orientación, en el aumento de la desconfianza de las víctimas hacia el nuevo sistema de atención ordinario y esto, a su vez, en el aumento del subregistro de los casos por ausencia de denuncias.
“Falso y mentiroso”
De igual manera, la defensora de los derechos de la mujer Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, rechaza por “falso y mentiroso” el citado dato del Estado de Nicaragua enviado a Naciones Unidas.
“No existe una sola Comisaría de la Mujer activa y funcional conforme a su modelo original de atención integral, ese espacio lo demolieron, lo que queda es una forzada interpretación policial de atención a la mujer que no corresponde en nada al modelo de atención integral de las comisarías”, asevera Jiménez.
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La activista de derechos de las mujeres recuerda que antes de 2014, las Comisarías de la Mujer eran donde iniciaba la ruta de acceso a la justicia que emprendían las mujeres, denunciando la violencia que padecían.
Ley 779 cercenada
“Todo eso ha sido debilitado y desaparecido en todo el país. La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, ha sido desnaturalizada apenas entró en vigencia con cuatro acciones del gobierno: una reforma que limita su alcance, un reglamento que minimiza su aplicación, un instructivo y una orden de desaparecer las comisarías”, refiere Jiménez.
Ella dice que en muchos casos ya no existe ni siquiera el rótulo, en otros aún es visible pero por dentro las oficinas y estructuras se ocupan para otras funciones ajenas a la misión del proyecto original.
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De los anuarios de la Policía desaparecieron los informes de la Dirección de las Comisarías de la Mujer, así como se eliminó la figura de jefa de esa dirección (la última fue la comisionada Erlinda Castillo) y de los medios oficialistas no aparecen noticias al respecto.
Para Jiménez, lo que la dictadura de Ortega busca con este informe es convencer a la comunidad internacional que está respetando los derechos humanos de las mujeres, en el contexto de la avalancha de denuncias internacionales por las políticas públicas de abusos en el marco de la represión total desatada desde abril de 2018.
Ocultan los cadáveres y las cifras
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres dice que la intencionalidad del régimen al desaparecer las comisarías estaba orientada en dos intenciones: una política de desvincular a las organizaciones de la sociedad civil que antes interactuaban con la Policía en la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales.
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La otra intención, según Jiménez, fue manipular las cifras de femicidios y ataques contra las mujeres.
“En su política de vender a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, querían ocultar las cifras alarmantes de femicidios y violaciones sexuales de sus anuarios y encontraron la forma de hacerlo mediante la eliminación de las comisarías, de modo que los casos de femicidios los maquillan como homicidios y las agresiones como delitos comunes”, dice.
Así nacieron las comisarías
Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, recuerda que la lucha por establecer las Comisarías de la Mujer inició allá por 1992.
Entonces Aminta Granera estaba al frente de la secretaría ejecutiva de la Policía, desde donde se realizó un estudio sobre la alta incidencia de delitos sexuales y violencia contra las mujeres en Nicaragua.
Eran tiempos aquellos en que la Policía y organizaciones de la sociedad civil eran cercanas, en sus objetivos de erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.
Desde entonces, las comisarías fueron concebidas “como un espacio institucional especializado en la atención a las mujeres que interponían denuncias por delitos de violencia. Serían un espacio donde encontrarían atención oportuna, de calidad y con sensibilidad”.
Después de un proceso de negociación tripartito, en el que participaron la Policía, el gobierno y el movimiento de mujeres, nació la primera Comisaría de la Mujer el 23 de noviembre de 1993 en el distrito policial cinco de Managua como un proyecto piloto que duraría seis meses.
La mano amiga del extranjero
No se financiaba desde el Presupuesto General de la República, sino que recibió financiamiento externo de la embajada de los Países Bajos en Nicaragua (hoy han suspendido la cooperación a Nicaragua por la represión de abril).
En 1996 oficialmente las Comisarías de la Mujer fueron incluidas en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, como una dependencia de la institución, en coordinación con el Ministerio de Salud que reconoce por primera vez el asunto como un problema de salud pública.
De 1993 a 2001 se instalaron cinco comisarías con financiamiento para tres años con participación tripartita: El gobierno, la Policía y la Red de Mujeres contra la Violencia.
Aquellos años de compromiso
La atención a las mujeres víctimas era integral: mujeres policías capacitadas en el tema, trabajadoras sociales y psicólogas y personal de salud trabajaban en las comisarías, mientras la Policía asumía investigaciones, prevención y protección.
Para 1998 se habían creado diez comisarías con fondos externos y apoyo mixto del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Las oficinas funcionaban con una trabajadora social y psicólogas que hacían la primera intervención en crisis.
Las mujeres eran transferidas a los cuarenta centros de atención del movimiento de mujeres, donde se realizaba la atención psicológica, el examen médico-legal y se les daba acompañamiento y asesoría legal.
Auge y desaparición de las comisarías
De 2001 a enero de 2004 las comisarías comienzan a funcionar como una red de servicios integrales: se abrieron otras 21 comisarías en los distritos policiales de Managua y en los municipios de Carazo, Granada, Masaya, Malpaisillo, León, Chinandega, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia, Chontales, Boaco, Somoto-Madriz, Bluefields y Puerto Cabezas.
De 2004 a 2006 las comisarías quedan bajo control de la Policía y suman a la Fiscalía. Se abrieron nuevas oficinas hasta llegar a 32.
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A partir de 2006 la Policía elevó el estatus a las comisarías al nombrarlas como una especialidad de la institución y crea la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez para atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Se fortalece la parte institucional con tres nuevos departamentos: el departamento de investigación, el departamento de información y análisis criminológico y el departamento de prevención.
Desde 2007, cuando asume Daniel Ortega tras ganar las elecciones de 2006 con el 38 por ciento de los votos, comienza el debilitamiento de las comisarías hacia su desaparición hoy en día.