El youtuber Javier Hernández Urrutia, mejor conocido como «Lady La Vulgaraza» junto a otro ciudadano denunciaron el maltrato que recibieron de parte del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, al momento de ser deportados el lunes 26 de agosto.
A Hernández Urrutia junto a unas 11 personas más se les negó el ingreso a Panamá supuestamente por petición de Marvin Ortega, cónsul de Nicaragua en el país canalero, manifestó el afectado, por lo que el trato de las autoridades con el grupo de nicaragüenses fue como si se tratase de delincuentes.
«Nos miraron como delincuentes, habían niños ahí que sufrían de hambre y frío y no podíamos hacer nada. Nosotros cuando comimos fue porque comenzamos a decir que teníamos derecho a comer», expresó Hernández Urrutia.
Puede interesarle: Más de 600 nicaragüenses que huyeron de la represión orteguista han sido deportados de EE.UU en los últimos ocho meses
Las declaraciones del youtuber coinciden con el del otro ciudadano afectado, que prefirió el anonimato, que denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que las autoridades migratorias mantuvieron al grupo de nicaragüenses aislado por 14 horas, prohibiendo el uso del teléfono e ignorando el hambre de los niños.
Pese a que los nicaragüenses llevaban sus documentos en orden, las autoridades panameñas le manifestaron que no coincidían con los motivos de su visita al país.
«Tenemos que condenar los actos abusivos de los funcionarios panameños. Nosotros enviaremos una misiva al cónsul de Panamá en nuestro país, haciéndoles de su conocimiento la denuncia de estos ciudadanos para que se hagan actos investigativos y se sancione de la manera adecuada a estos funcionarios que tienen una actitud abusiva», dijo por su parte Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.
Lea Además: Amenazados, golpeados, deportados… Los periodistas extranjeros que han sido víctimas del régimen orteguista
Casos aislados
Cuevas refirió que estos casos de malos tratos por parte de las autoridades migratorias de los demás países no se daban en años anteriores pero desde que inició la crisis sociopolítica en abril de 2018, el organismo de derechos humanos ha estado recibiendo denuncias de este tipo. «No es una acción masiva pero sí se dan hechos de esa naturaleza», afirmó.
«El ciudadano que se va huyendo por alguna persecución política y luego son deportados, su familia viene aterrorizada denunciar esa situación. Algunos son detenidos y llevados al Chipote para ser interrogados… luego, muchas veces nos traen al ciudadano que nos cuenta las privaciones que se están dando (en los lugares de retención)», explicó Cuevas.