14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.
Brasil

La estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, asesinada por paramilitares en Managua. LA PRENSA/Cortesía

Gobierno de Brasil condena liberación de asesino de la doctora Raynéia Da Costa Lima

"Para el gobierno brasileño, esta medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país", cita el comunicado

El gobierno brasileño condenó enérgicamente y lamentó la decisión de la Corte nicaragüense de amnistiar y liberar al exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato de la doctora brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima, el 23 de julio de 2018 en Managua.

Las autoridades de ese país dieron a conocer su posición este jueves, luego que este 23 de julio, a un año del asesinato, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua notificó un auto donde archiva de forma definitiva la causa contra Gutiérrez Solís bajo la Ley de Amnistía, aprobada por el orteguismo el 8 de junio de este año. Además, ordenó su libertad inmediata.

Puede Interesarle: Paramilitares asesinan a una estudiante brasileña de medicina en Nicaragua.

Comunicado de Brasil

“Para el gobierno brasileño, esta medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país”, dice el comunicado de prensa enviado a medios de comunicación.

En dicho comunicado recuerdan que Brasil ha denunciado esta posición violatoria de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pierson Gutiérrez confesó haber asesinado a la brasileña. LA PRENSA/Tomada de la página ITF.org

“El gobierno brasileño reitera al gobierno de Nicaragua la necesidad de restablecer de inmediato todas las garantías ciudadanas de un estado de derecho pleno, para que el país pueda regresar a la convivencia democrática de la comunidad internacional”, finaliza el comunicado.

María José Da Costa, madre de la víctima, denunció esta semana que las autoridades de su país no apoyaron la defensa de su hija ante los tribunales de justicia de Nicaragua, para obtener una justicia verdadera. También reclamó que nunca se le vio como víctima en el proceso judicial, donde la Fiscalía nicaragüense acusó a como quiso  y nunca la tuvo al tanto del proceso.

Justicia del dictador benefició al asesino

Gutiérrez Solís fue condenado por homicidio y no por asesinato, para disminuir los años de cárcel. También fue acusado de tenencia ilegal de arma de fuego, en vez de ser procesado por uso de arma restringida de uso militar, también para beneficiarlo en la pena.

Nunca se supo de su paradero, pues la Policía Orteguista lo ha protegido.

No fue presentado ante los medios de comunicación oficialista, a como se presenta a los autoconvocados, y ningún reo lo ha visto preso dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.

Después de admitir los hechos en una audiencia a puertas cerradas en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, su abogado recurrió de apelación para disminuir la pena. La audiencia se celebró en febrero pasado, pero los magistrados orteguistas no se pronunciaron y prefirieron darle amnistía, aunque este beneficio no cabía, según abogados penalistas.

“No puede ser beneficiado porque los hechos se dieron el 23 de julio, cuando ya no había tranques. Este hecho no se dio en medio de marchas ni protestas, por lo tanto son delitos comunes y no los cubre la ley. La resolución del Tribunal es ilegítima”, expresó Boanerges Fornos, coordinador de Acción Penal, quienes ahora representan a Da Costa.

No es preso político

El abogado penalista Elton Ortega explicó que los magistrados no debieron amnistiara Gutiérrez Solís porque el imputado no era un preso político, no estaba en la lista conciliada del Gobierno y la Alianza Cívica que fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“No estaba acusado o preso por haber protestado contra el gobierno. Estaba preso porque cometió un delito común y no porque se estaba criminalizando algún acto de protesta realizado por él en contra del gobierno”, recalcó Ortega.
Organismos de derechos humanos también han rechazado la resolución judicial..

También organismos de derechos humanos han rechazado la resolución judicial del Tribunal de Apelaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) .

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí