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CONTENIDO EXCLUSIVO.Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sostiene que la Ley de Atención Integral a las Víctimas (la llamada ley del “perdón”) del régimen orteguista encubre la responsabilidad de las autoridades estatales en la represión contra el pueblo.
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Entre las fallas que Paz identifica de esa ley, está que no impulsa un plan de atención integral que parta de una investigación creíble e independiente de cada uno de los crímenes cometidos en la jornada de represión de las fuerzas gubernamentales a las protestas ciudadanas, lo que evita que haya justicia y reparación a las familiares de las víctimas.
Construir una Fiscalía independiente
Una de las recomendaciones del GIEI fue que en Nicaragua se constituyera una fiscalía especial conformada por fiscales independientes que investigaran los crímenes de la represión desde el 18 de abril del 2018, debido a que el Ministerio Público al responder a los intereses del orteguismo carece de credibilidad.
“Por eso recomendamos como GIEI que se creara una fiscalía especial que podía ser integrada por fiscales nacionales e internacionales, pero sobre todo que fuera independiente porque es la única forma de crear confianza con familiares de las víctimas, posibles testigos y personas que tengan información útil para esclarecer los casos, porque en las actuales condiciones en Nicaragua esa confianza está absolutamente quebrada”, refirió Paz.
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Todo ha sido negado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque más bien aprobó una ley del “perdón” ofrecida como una respuesta a las víctimas y sus familiares con la versión del supuesto “golpe de Estado”, como descalifican las protestas.
Esa ley ofrece atención en salud, educación, viviendas, becas de estudios y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos a las víctimas y a sus familiares.
Ley del “perdón” sobre un supuesto falso
Paz comparte la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a que un plan de reparación para que cumpla con los estándares internacionales debe partir del reconocimiento de las autoridades estatales en su responsabilidad de los hechos.
“En este caso, esta ley se está construyendo sobre un supuesto falso porque no hubo un intento de golpe de Estado. Entonces se está encubriendo las responsabilidades estatales y eso no puede ser un fundamento para una reparación integral”, afirmó la defensora de derechos humanos.
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Paz, actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, en esta entrevista con LA PRENSA explicó que la ley del “perdón” de la dictadura se descalifica porque las medidas que contempla son “acciones básicas de política pública” y no acciones de reparación efectiva a las víctimas y sus familias.
Familiares de víctimas no fueron tomados en cuenta
Las organizaciones que agrupan a los familiares de los asesinados y presos políticos no fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para la formación de dicha ley, siendo otra debilidad.
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“No se entiende como un gesto sincero y responsable de parte del Estado nicaragüense de reparar a las víctimas, sino más bien como otra acción para encubrir los graves crímenes que cometió”, afirmó Paz.
El GIEI realizó un informe sobre lo sucedido entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 y constató el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Orteguista, que contó con apoyo de paramilitares contra las manifestaciones que han demandado la salida del poder de Ortega y Murillo. La conclusión fue que se cometieron delitos de lesa humanidad.
La CIDH documentó más de trescientos asesinatos durante los meses más crudos de la represión a las protestas ciudadanas.
Paz fue enfática en que aun cuando el régimen de Ortega pueda pretender usar su ley del “perdón” como mecanismo para bloquear a los parientes de las víctimas a emprender acciones contra el Estado, esto no prosperaría ante tribunales internacionales, pues recordó que “los crímenes de lesa humanidad no se pueden amnistiar”.
Fiscalía parcializada
El equipo del GIEI tuvo reuniones con las autoridades del Ministerio Público, siendo el acuerdo que iban a coadyuvar en la investigación de los hechos. Pero la Fiscalía más bien fue un obstáculo por su posición parcializada a favor del régimen, lo que para el GIEI la descalifica para realizar procesos creíbles sobre los crímenes.
“Lo que pudimos constatar era la absoluta subordinación de la Fiscalía al Ejecutivo. Ni siquiera nos pudimos reunir con la fiscal (general Ana Julia Guido) a solas. Se lo pedimos verbalmente y por escrito, (pero) siempre estaba un representante del Ejecutivo, concretamente el canciller (Denis Moncada) en esas reuniones. Eso lo que nos decía era su falta de independencia”, aseveró Paz.
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La Fiscalía es uno de los brazos represores del régimen, pues solo ha acusado a protestantes de terrorismo y otros delitos, inventando pruebas, mientras se ha negado a investigar y acusar a los altos mandos de la Policía Orteguista (PO) y a grupos de choque de los asesinatos, torturas y otra serie de abusos a los derechos humanos.
“Actualizarán” víctimas
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Corina Centeno, informó que la próxima semana iniciarán el registro de las víctimas durante la crisis sociopolítica, para lo que visitarán las casas de los afectados para actualizar los casos.
Pero previo a ese “censo” la PDDH se reunirá con la Policía, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia y otras instituciones para revisar el plan de atención. La PDDH, que dirige Centeno, ha sido señalada por organismos de derechos humanos y familiares de asesinados de ser otra entidad que responde a los intereses del orteguismo, porque defendió la actuación de la PO contra las protestas.