El régimen de Daniel Ortega se comprometió este miércoles a liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio, fecha acordada con los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en la mesa de negociaciones.
En un documento denominado “Programa de trabajo del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua”, leído por el canciller Denis Moncada Colindres, la dictadura aseguró que todos los presos políticos excarcelados, los que se encuentran en las prisiones y los que tienen abiertos procesos penales serán liberados antes de la fecha acordada.
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Asimismo Moncada afirmó que el régimen continuará el proceso de las reformas electorales con la Organización de Estados Americanos (OEA) y que respetará el derecho constitucional de la protesta.
Uno de los puntos del documento reza textualmente: “Garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley de la Materia y las normativas vigentes”.
Elevarán a ley el “plan de atención a las víctimas”
El funcionario agregó que el régimen convertirá en ley el plan integral de atención a las víctimas de las protestas de abril de 2018 en contra del dictador y su esposa Rosario Murillo. El plan está “basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son 325 personas las que murieron durante las protestas producto de la fuerza brutal con la que la Policía Orteguista, en conjunto con los grupos paramilitares, actuaron, pero el régimen solo reconoce menos de 200, de los cuales la mayoría, asegura, fueron policías.
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El documento agrega que el régimen seguirá promoviendo el retorno de los exiliados, aunque hasta el momento el plan no se ha puesto en marcha porque los nicaragüenses en el exterior aseguran que no tienen garantías para regresar al país y no ser apresados.
Insiste en detener las sanciones
Una vez más el régimen insistió a la comunidad internacional a cesar de las sanciones, ya que asegura “afectan el desarrollo humano, económico y social del pueblo de Nicaragua”, aunque las sanciones han sido impuestas únicamente a funcionarios orteguistas como Rosario Murillo, Laureano Ortega, Fidel Moreno, Francisco Díaz, entre otros.
Los compromisos anunciados por el régimen se dan un día después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que exige la liberación de todos los presos antes del 18 de junio e insta al régimen a permitir el ingreso de los organismos de derechos humanos internacionales como la CIDH.