Para especialistas en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, el hecho que la Policía Orteguista (PO) siga emitiendo comunicados “torciendo” las leyes para prohibir el derecho de los ciudadanos a manifestarse y secuestrando, es una muestra de que el régimen de Daniel Ortega no está negociando con la oposición de buena fe para solucionar pacíficamente la crisis sociopolítica.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), critica que una institución supuesta a proteger a los ciudadanos se haya deformado al convertirse en la principal violatoria de los derechos humanos, y aún con el daño causado a la sociedad nicaragüense, sus autoridades sigan actuando por encima de la Constitución.
“Es lamentable su papel, pero la Policía se ha puesto totalmente al margen de la ley, arrogándose funciones que no tiene, porque las leyes no le facultan para deliberar si permite el derecho a la manifestación que confiere la Constitución”, dijo Cuevas.
La PO es entidad más represiva del régimen, pues es señalada por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales de uso excesivo y arbitrario de la fuerza contra las manifestaciones iniciadas en abril del 2018, causando un saldo de entre 325 y 535 asesinatos, miles de heridos y más de ochocientos presos políticos.
El sábado pasado la PO volvió a amenazar con detener y levantarles cargos “por alterar el orden público” a los ciudadanos que participaron en los piquetes, a los que fueron convocados por la Unidad Nacional Azul y Blanco. La amenaza no detuvo a la población, que salió a las calles en diferentes municipios demandando la democratización del país.
Viola Constitución
Cuevas refiere que criminalizar la protesta social es la forma con que el régimen de Ortega ha intentado contener el rechazo de la población hacia su política de represión, en la que ha fracasado.
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“El artículo 53 de la Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a la reunión pacífica, el cual no requiere permiso previo. La Policía con sus circulares y disposiciones está legislando y reformando de facto la Constitución, invadiendo así atribuciones de los diputados”, afirmó Cuevas.
Contra todo derecho
Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, también sostiene que es la Policía Orteguista quien deforma las normas por cuanto la Constitución está por encima de cualquier ley específica, especialmente cuando se trata de proteger derechos humanos fundamentales como el de la libertad de expresión y la libertad de movilización.
“Su función de preservación del orden público no le da tales facultades por mucho que la jefatura de la institución así lo decida”, afirmó Cuadra.
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Para la especialista, es un “contrasentido” que hoy se pretenda limitar los derechos ciudadanos, cuando la PO en el año 1992 empezó el proceso de profesionalización y modernización. “El criterio principal de la jefatura en ese entonces fue precisamente el de convertirse en una institución que respondiera a la nación y protegiera los derechos ciudadanos, especialmente el derecho a la manifestación cívica y la libertad de expresión”, afirmó.
Tensa negociaciones
La especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra y el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas criticaron que al persistir la represión de la PO no contribuye a las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica. “Es inquietante y peligrosas sus acciones porque al coartar los derechos ciudadanos es la Policía quien pone en riesgo las negociaciones”, dijo Cuevas.
Por su parte, Cuadra opinó que los métodos represivos policiales “no corresponden con la urgencia de encontrar una salida negociada a la crisis, pero además ya probaron ser ineficientes para contener las expresiones de rechazo y protesta de la ciudadanía”.