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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que hasta 2017 fue una de las tres principales fuentes de financiamiento de Nicaragua, no le aprobó el año pasado nuevos préstamos al régimen de Daniel Ortega, lo que vendría a complicar más la capacidad para financiar la inversión pública a corto plazo.
Nicaragua junto con Guatemala fueron los únicos países de Centroamérica a los que no le aprobaron recursos frescos al sector público, según el informe “El grupo del BID en el Istmo centroamericano y la República Dominicana”, publicado por el organismo, en el que se detalla los resultados del financiamiento y los contratados en 2018.
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En el caso de Guatemala, si bien no se le aprobó nuevos préstamos al sector público, al menos al privado se le aseguró unos doscientos millones de dólares, lo que garantiza el dinamismo económico de ese país.
Nicaragua obtuvo entre 2014 y 2017 empréstitos por 1,035.6 millones de dólares para inversión pública, es decir que por año se le aprobaban alrededor de doscientos millones de dólares en recursos frescos, lo que refleja el grave hueco con el que está lidiando el régimen.
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Según el reporte, el año pasado también hubo un fuerte freno en el desembolso de préstamos que había sido previamente aprobado, debido a los problemas en la ejecución de los proyectos a consecuencia de la inestabilidad política.
Generalmente el directorio de BID aprueba recursos, que luego se van desembolsando gradualmente en los siguientes años.
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En 2018 el BID desembolsó al país 99.5 millones de dólares, siendo una gran caída al compararse con años anteriores cuando los montos andaban en alrededor de doscientos millones de dólares al año. En el 2017, por ejemplo, el sector público recibió en desembolsos 289.5 millones de dólares y en el 2016 otros 151.9 millones de dólares.
A criterio de Edmundo Jarquín, exfuncionario del BID, el hecho que al régimen de Ortega no se le amplíe la cartera de financiamiento significa un fuerte golpe porque este organismo es una de las instituciones financieras multilaterales más activas en financiar el gasto de inversión a Nicaragua, junto con el Banco Mundial y el Banco de Integración Centroamericana (BCIE).
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Jarquín relacionó el hecho que no le aprobaran nuevos empréstitos a la dictadura y la disminución de los desembolsos de recursos a la presión que países en el directorio del BID, principalmente Estados Unidos, están ejerciendo para ahogar a la dictadura de Ortega debido a las violaciones de derechos humanos y la democracia.
“No es desligable de la crisis que se inició en abril del año pasado”, afirmó Jarquín, al recordar que el BID es parte del Sistema Interamericano y el cumplimiento de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los temas de democracia y derechos humanos sí tiene relevancia en el financiamiento que reciben.
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“De tal manera que esta suspensión de aprobaciones y la disminución de desembolsos que refleja en ese informe del BID, está vinculada con la preocupación que la OEA tiene en relación a Nicaragua”, afirmó Jarquín.
En el reporte del BID, que es el brazo financiero de la OEA, no se detalla los motivos de por qué este bajó en la aprobación de nuevos recursos y la caída de los desembolsos.
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El Consejo Permanente de la OEA ha aprobado varias resoluciones condenando a la dictadura de Ortega por la represión a las manifestaciones ciudadanas, que desde abril del 2018 deja entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, exiliados y más de setecientos presos políticos.
El régimen de Ortega no cesa la represión y alegó “intervencionismo” para rechazar la presencia en el país del Grupo de Trabajo creado en la OEA para coadyuvar a una salida democrática a la crisis sociopolítica.
Carta Democrática cerraría el grifo por completo
En opinión de Jarquín, el enfrentamiento de Ortega con la OEA ya tendría consecuencias, siendo una ellas que no le aprobaran nuevos préstamos del BID, lo que se relacionaría a la posible aplicación de la Carta Democrática que podría conducir a la suspensión de Nicaragua de la organización.
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Jarquín refirió que los ingresos para sostener el gasto público del Gobierno están comprometidos por la crisis económica, lo cual se refleja en la paralización casi total de la inversión extranjera y local, la caída de sectores como el turismo, viviendas y comercio por la reducción del consumo de las familias y el freno de los préstamos de los bancos.
El panorama para el régimen se complica porque “la otra fuente de recursos, que son los desembolsos de los organismos financieros internacionales, se han disminuido grandemente. Este escenario coloca en aprietos al Gobierno”, aseveró Jarquín.
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Para hacer frente a esa situación, el régimen puso en marcha un paquetazo fiscal con el que busca unos 317 millones de dólares, además de contratar un préstamo por cien millones de dólares con una institución financiera de Taiwán.
Lo poco se dio en 2018
Según el informe, el BID aprobó el año pasado apenas 24 millones de dólares a Nicaragua para el desarrollo de tres nuevos proyectos, pero de esa partida no le corresponde nada en concepto de préstamos al régimen.
Veinte millones de dólares de esos recursos le fueron aprobados a un banco privado para un proyecto de crédito a las pequeñas empresas, enfocado en eficiencia energética.
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Donde se le otorgó fondos frescos por 850 mil dólares pero en concepto de “cooperación técnica” que sería en donación, fue a dos programas estatales sobre el desarrollo productivo en la Costa Caribe y el segundo para ampliar la atención en salud en niños de hasta seis años.
Lo previsto en 2019
En el Presupuesto General de la República 2019 se refleja que hay comprometidos por parte del BID 1,740.36 millones de córdobas entre préstamos y donaciones, que permitirían cubrir el déficit de financiamiento del programa de inversión pública.
Adicionalmente se refleja otra partida por 1,656.50 millones de córdobas (unos cincuenta millones de dólares) correspondiente al programa PBL o de apoyo presupuestario de 2018, pero no se explica si se incorporó en el Presupuesto del presente año porque el BID no los desembolsó.
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El economista y analista político Edmundo Jarquín dijo que “es muy probable” que esos cincuenta millones de dólares del BID no fueron entregados, lo que explicaría “la búsqueda angustiante del Gobierno por nuevas fuentes de financiamiento y la única encontrada es Taiwán”.
El Gobierno de Taiwán le aprobó a la dictadura de Ortega cien millones de dólares en apoyo presupuestario para financiar el programa de inversión pública, préstamo que fue tramitado con urgencia por la Asamblea Nacional a mediados de febrero.