El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentó este 28 de febrero un amparo en contra de las reformas a la seguridad social que fueron adoptadas unilateralmente por el régimen de Daniel Ortega, las cuales aumentan el aporte patronal, el de los trabajadores, junto a otras medidas que reducen las futuras pensiones.
El amparo fue interpuesto en la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua contra el dictador Daniel Ortega por emitir el Decreto Presidencial 06-2019 en que oficializó las reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social que entraron en vigencia el 1 de febrero de 2019.
El Cosep considera que estas reformas “agravan la crisis económica del país”, provocada por la inestabilidad política debido a la represión de la dictadura de Ortega en contra de la población que, desde abril del 2018 exige la salida del poder de la pareja de Ortega y la cogobernante Rosario Murillo así como el adelanto de las elecciones.
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Precisamente unas reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) impuestas por fueron el detonante de que en abril del 2018 miles de nicaragüenses se manifestaran en contra, a lo que el régimen respondió con una brutal represión que ha dejado entre 325 y 535 muertos, según han documentado organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Ortega fue forzado a derogar esas reformas al INSS, días después del estallido de las protestas, sin embargo las retomó e impuso en febrero del 2019 cuando intensificó la represión con líderes de las protestas encarcelados, o en el exilio y con la prohibición expresa de la Policía a cualquier tipo de manifestación.
Con esta reforma más de 750 mil cotizantes verán reducir su salario, tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte, el que pasó de 6.25 por ciento al 7 por ciento mensual. La deducción empezó a ser efectiva en el pago del 15 de febrero.
En el caso de las empresas formales se les incrementó hasta 3.5 puntos porcentuales más en su contribución este año, el que se incrementará sin gradualidad de 19 a 22.5 por ciento.
No obstante, el golpe más fuerte hecho por la dictadura está en el cambio en la fórmula para calcular las pensiones, lo que afectará más a los trabajadores que arriben a su edad de jubilación. Esto verán caer más de 30 por ciento sus pensiones respecto a las que se aprobaron antes de que entrara en vigencia este reforma, de acuerdo a las cámaras empresariales y economistas.
Esta mañana en representación de @COSEPNicaragua se introdujo un recurso de amparo en contra del Presidente de la República por emitir el Decreto Presidencial 06-2019 en relación a las recientes Reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. pic.twitter.com/K4Z003dl4X
— Jose Adan Aguerri Ch (@jaguerrich) February 28, 2019
Aunque el Cosep había anunciado el pasado 7 de febrero que recurriría legalmente en contra de las reformas a la seguridad social las acciones las concretaron veinte días después.
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El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, informó el amparo a través de su cuenta de Twitter. Anteriormente Aguerri ha explicado que estas decisiones no contribuyen a devolver “la certidumbre y confianza al país”, mientras no hubiese una una negociación política entre el régimen orteguista y los diferentes los sectores sociales para encontrar una salida a la crisis sociopolítica.
Los empresarios han advertido que como consecuencia de la reforma a la seguridad social se aumentará el desempleo, la informalidad, encarecimiento del costo de la vida de los nicaragüenses.
El régimen impuso sus brutales medidas pese al rechazo que existe de parte del sector privado y de los trabajadores a quienes no fueron tomados en cuenta, siendo “bendecidas” por los sindicatos agrupados en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y las centrales sindicales afines al orteguismo.
Asimismo, las autoridades aumentaron lo que se paga en otro tipo de seguros. Al respecto, si una persona o trabajador por cuenta propia está cotizando a través del seguro facultativo integral (es decir para pensión y atención médica), su contribución pasará de 18.25 por ciento a 22.25 por ciento. En caso que esté cotizando solo para optar a una pensión y sin atención médica, este pasará de 10 a 14 por ciento.
También el Gobierno orientó eliminar el salario máximo cotizable. Este mes, el INSS había ajustado a 96,841.56 córdobas mensuales el salario máximo cotizable, pero ahora con la reforma, este salario máximo cotizable desaparece y ahora todos los trabajadores aportarán según su salario. Esta reforma, junta a aumento de los impuestos considerado en el paquete fiscal aprobado recientemente por el ejecutivo, son los principales golpes económicos de Ortega a la población y al sector privado, mientras ha reanudado el diálogo para buscar una salida a la crisis.