Mientras en los barrios de Managua se ejecutaron dos violentos crímenes en menos de 24 horas, al estilo sicariato, las principales avenidas de la capital siguen tomadas por agentes policiales, que este miércoles desde muy temprano se movilizaron hacia la ruta donde circularía Daniel Ortega, quien salió de su casa en El Carmen a las instalaciones de la Casa de los Pueblos para recibir cartas credenciales a embajadores.
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Dos asesinatos, uno la madrugada del martes reciente y otro la noche de ese mismo día, reflejan —según analistas— la creciente inseguridad en los suburbios de Managua, mientras la Policía Orteguista (PO) mantiene secuestrados los espacios públicos para impedir cualquier intento de levantamiento cívico contra Ortega.
Los hechos sangrientos se dan en un contexto de crisis que impera desde el 18 abril pasado, por la represión de la PO y de grupos paramilitares, que son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad, avalados por el Estado, según confirmó una investigación de expertos internacionales.
La madrugada del martes un taxista fue ultimado a balazos en la sien, cerca del Colegio Villa San Jacinto, por sujetos motorizados, según algunos de los testigos. Y la noche de ese mismo día fue asesinado también con arma de fuego un joven que regresaba a su casa del trabajo, en el barrio René Polanco. Este se quedó en una esquina donde, según testigos, unos motorizados le dispararon. Vecinos del barrio admitieron que en los últimos meses han visto un aumento de la inseguridad ciudadana en el barrio.
Deterioro de la Policía
El informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sobre la coyuntura 2018, afirma que “la crisis política y socioeconómica que experimenta el país desde abril ha provocado un deterioro en las instituciones y organizaciones que representan el orden y justicia”, y en consecuencia, “aumenta la proliferación de la criminalidad, violencia y desorden social”.
La socióloga y especialista en temas de seguridad pública Elvira Cuadra manifestó que la inseguridad es una situación que aqueja al país desde antes de abril pasado, pero confirmó que el aumento de la criminalidad está relacionado con la impune actuación de grupos armados que aparecieron para reprimir las protestas civiles y la falta de atención y control policial a la delincuencia común.
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“En la actualidad, estos acontecimientos se relacionan con varios factores agravados durante la crisis política: el uso masivo de armas de guerra letales por parte de la Policía y los grupos paraestatales, la impunidad con la que actúan tanto la Policía como estos grupos de civiles armados, y la falta de atención de la Policía de sus funciones ordinarias de prevención y control de la delincuencia común”, dijo la socióloga.
Hasta ahora la Policía Orteguista no ha presentando ningún reporte sobre el avance de las investigaciones de los dos crímenes ocurridos en Managua el martes, aunque cuando se refiere a captura de autoconvocados inmediatamente presenta supuestas pruebas a través de conferencias de prensa.
Policía solo para reprimir
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) e integrante de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos en la Asamblea Nacional, Walter Espinoza, opinó que la PO es utilizada como arma represiva del partido de gobierno, para intimidar y reprimir a los ciudadanos.
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Espinoza explicó que desde abril los policías abandonaron totalmente la defensa y protección ciudadana y aunque estén frente a actos delictivos no actúan, porque la orden que tienen es reaccionar a las protestas, lo que implica que su función está desvirtuada.
“La Policía no está dando seguridad a los nicaragüenses, sino más bien maltratando, porque solo está enfocada en evitar que los nicaragüenses salgan a marchar, dijo el diputado.
Lesa Humanidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), determinó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión.
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El GIEI recomendó investigar la responsabilidad de Ortega, junto con la cúpula de la Policía Orteguista (PO). Entre ellos se menciona directamente al actual jefe policial, primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega, pero también a su antecesora, Aminta Granera, y a los subdirectores Ramón Avellán y Adolfo Marenco.