La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguró este jueves que “en ningún momento ha suspendido sus operaciones” y que seguirá realizando sus labores en el país hasta el final de su mandato, previsto el 3 de septiembre próximo.
Este ente auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas dijo, en un comunicado, que mantiene “constante comunicación” con el Ministerio Público.
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“La CICIG en ningún momento ha suspendido sus operaciones en Guatemala. Por el contrario, según lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y lo expresado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la Comisión continúa con sus labores en Guatemala en función de su acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019″, proclamó.
Los empleados del organismo de las Naciones Unidas abandonaron Guatemala el 7 de enero por medidas de seguridad, cuando el Gobierno anunció el cese anticipado de la entidad, y pese al amparo otorgado por el Constitucional para mantener a la CICIG hasta septiembre los funcionarios internacionales no han vuelto al país.
Asimismo, indicó que el titular de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, se ha comunicado “por escrito” con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, para señalarle que seguirán “trabajando en Guatemala en función de su acuerdo”.
En este mismo sentido, la Comisión hizo un llamamiento para respetar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que a fecha del pasado 9 de enero dejó sin efecto la decisión del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de dar por terminado de forma unilateral y anticipado el acuerdo.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la CICIG (anunciada el 7 de enero pasado), el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.
Mientras el Gobierno guatemalteco entregó este miércoles una misiva a la CICIG en la que anuncia el retiro del personal policial y recurso logístico a servicio de la Comisión, la canciller sostuvo que el Gobierno “ha acatado como debe de ser” los fallos.
Cuando el presidente Morales expuso que la CICIG debía abandonar el país, la señaló de haber “violado” las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones.