El exmagistrado del poder judicial de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, declaró que fue un error permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011. Así lo dijo en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, dos días después que se conoció su renuncia ante la Corte Suprema y el FSLN.
Solís, quien fue uno de los arquitectos legales de la continuidad en el poder de Ortega, ahora considera que no se debe permitir ninguna forma de reelección presidencial, luego de ver el nefasto resultado que provocó la permanencia en el poder de Ortega durante los últimos 12 años.
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“No pensé que eso llevaría a la nación a esto. Nunca lo imaginé”, manifestó Solís en la entrevista en alusión a los más de 325 muertos causados por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que desafiaron a Ortega desde abril de 2018.
Solís fue uno de los magistrados sandinistas integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que garantizó en 2010 la sentencia judicial que le permitió a Ortega participar como candidato presidencial a la reelección en los comicios de 2011, aunque la Carta Magna lo prohibía en el artículo 147.
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Los magistrados sandinistas, en ausencia de los liberales, fallaron a favor de un Recurso de Amparo introducido por Ortega, que alegaba que la prohibición de la reelección presidencial era una violación a sus derechos humanos.
El abogado y experto en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, siempre señaló que esa sentencia fue una manipulación política para darle una “formalidad jurídica” a la ambición de reelegirse de Ortega.
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“Ellos (los magistrados) sabían y saben muy bien que en la historia de Nicaragua la reelección presidencial ha sido precisamente el motivo de muchas situaciones dramáticamente dolorosas, guerras, causa de atrasos, conflictos, etcétera”, recordó Álvarez.
Estudios sobre reelección
En abril de 2018, días antes del comienzo de las protestas contra Ortega en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio a conocer los resultados de un estudio sobre las reelecciones, realizado por la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia, que determinó que la reelección presidencial no es un derecho humano.
Aún así, Álvarez aplaude que ahora el exmagistrado reconozca el error que cometió.
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“Así como él contribuyó a crear un sistema dictatorial y a corromper el poder judicial, así con sus declaraciones igual está contribuyendo a hacer una transición a la democracia y hay que tomar en cuenta sus reflexiones y sus argumentos, porque él estaba muy dentro del círculo decisorio (de poder)”, dijo Álvarez.
Efecto de las sanciones
El politólogo José Antonio Peraza cree que este cambio de Solís es producto del efecto disuasivo de las sanciones estadounidenses y no de un arrebato de conciencia de parte del funcionario.
El politólogo recordó que los efectos catastróficos de las reelecciones presidenciales en América Latina habían sido ampliamente advertidos por organizaciones y actores de la sociedad civil.
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Particularmente Peraza documentó desde 2008 la fractura del sistema democrático, los fraudes electorales, las violaciones a la Constitución Política, el quebrantamiento de las instituciones del Estado, la concentración de poder en el Ejecutivo, como advertencia de que se estaba consolidando una dictadura.
“Rafael Solís sabía lo que se estaba haciendo desde hace mucho tiempo. No es que de hoy a mañana se dio cuenta que aquí se estaba instalando una dictadura. La diferencia es que ahora hay sanciones elaboradas a través de la Nica Act, donde se pretende poner a pensar a los funcionarios y por eso es que da un plazo de 180 días para que estos funcionarios reflexionen”, dijo el politólogo.
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Peraza se refirió al plazo que da el poder legislativo al Departamento de Estado para presentar un informe sobre la participación de funcionarios nicaragüenses en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
A eso hay que sumarle los efectos de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que inició el viernes en el Consejo Permanente de la OEA, y que también puede ser otro de los motivos que empuje a funcionarios orteguistas a renunciar a sus cargos y salir del país. En todo esto, de sanción internacional a lo que ocurre en Nicaragua, son importantes los contundentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se documentó la represión del Estado contra los manifestantes.
Renuncia y denuncia
Rafael Solís renunció a su cargo de magistrado del poder judicial el pasado 8 de enero, a través de una carta en la que también denunció la consolidación de una “dictadura con caracteres de monarquía absoluta”; desmintió el argumento de un golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega y advirtió la posibilidad de una guerra civil por la falta de voluntad de dialogar del régimen.