Las afirmaciones del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, deben tener como efecto inmediato invalidar los juicios ejecutados por órdenes del régimen Ortega-Murillo contra presos políticos y ordenar su libertad, coincidieron familiares de presos políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
Tamara Zamora, madre de la presa política Amaya Coppens, señala que la carta de Rafael Solís confirma que no hubo golpe de Estado y que sus parientes están “injustamente encarcelados”.
Solís hizo referencia en su carta de renuncia, entre otras cosas, a los juicios “en su gran mayoría políticos”, en los que los jueces reciben órdenes de El Carmen y de la Fiscalía.
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El ahora exmagistrado era uno de los principales operadores de Daniel Ortega en la Corte Suprema de Justicia y uno de sus más cercanos, tanto que fue su testigo en 2005 cuando el dictador renovó sus votos matrimoniales con Rosario Murillo.
Zamora recordó precisamente que Solís no era solo un operador político importante. Y sus palabras lo que comprueban es que la lucha ha sido cívica y “que a quienes se agredió, a quienes se asesinó, estaban cívicamente protestando”.
“Deberían quedar libres”
También se confirma, según Zamora, “que nuestros presos políticos, nuestros hijos y familiares están injustamente encarcelados, una prueba más que nuestros muchachos deberían quedar en libertad”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a través de su cuenta de Twitter confirmó que recibió la carta de Mayra Tijerino, en nombre de cuatrocientas familias de presos políticos en Nicaragua.
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“Su hijo Eduardo es epiléptico y está en celda de castigo en condiciones inhumanas y torturado. Exigimos su liberación ya y de todos los presos políticos del régimen Ortega-Murillo”, demandó Almagro.
Según el Comité Pro Libertad de Presos Políticos de Nicaragua, el régimen ha encarcelado a 740 personas en condición de presos políticos, 54 de estas permanecen en “en condiciones infrahumanas y de reclusión diferenciada”.
Respecto al señalamiento de Solís, sobre que los jueces reciben órdenes desde El Carmen —residencia de los Ortega—, Zamora refirió que “así funciona este poder. Es totalmente autoritario y vertical y no es solamente desde ahorita, ahorita cerraron filas, pero eso venía desde hace tiempo, es decir cercando los espacios donde solamente se mueve al nivel de los intereses de la pareja presidencial, aquí ni el poder judicial, ni el sistema penitenciario, ni la Fiscalía, ni la Policía tienen un actuar independiente, son totalmente controlados por la pareja presidencial”.
El presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva Sánchez, consideró que estas afirmaciones de Solís deben llevar a la libertad de los presos políticos, pues han sido procesados y sentenciados sin ningún fundamento legal.
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Leiva coincidió con Zamora, sobre que lo señalado por Solís sirve para sustentar lo que esa organización de derechos humanos ha venido denunciando: en el país nunca ha habido un golpe de Estado.
Llamado a funcionarios
Leiva instó, desde su exilio en Costa Rica, a otros funcionarios públicos a que renuncien a su cargo y no continúen acumulando responsabilidades penales, pues posteriormente “el brazo de la justicia y de los derechos humanos llegará hasta el último rincón de Nicaragua, para la investigación, seguimiento y castigo de los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violación a los derechos humanos”.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, lo que dijo Solís es una confesión “y a confesión de partes relevo de pruebas”.
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“Fue parte fundamental de esa estrategia de sometimiento y de anulación del poder judicial, sometimiento a una dictadura, fue Payo y allí lo está diciendo”, sostuvo la defensora de derechos humanos, quien refiere que “el hecho de que ahora (Solís) salga denunciando no lo exime de su responsabilidad, de ninguna manera, al contrario lo está confesando”.
Núñez consideró que “lo más peligroso en este momento es el accionar del poder judicial, porque es el que está actuando directamente con la gente en los juicios: imputando delitos que no se han cometido, poniendo penas completamente exageradas”.
“Después de lo que él dijo, prácticamente es una confesión de lo que él hacía, de lo que él era parte adentro, y la prueba está que incluso habla de sus pobres jueces cómo están sometidos, a mí me parece que desde ese punto de vista de la destrucción del poder judicial, esta carta es la prueba más contundente, para incluso demostrar la destrucción de la institucionalidad y la Constitución en el país”, insistió Núñez.
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Al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, el contenido de la carta no le sorprende pues dijo es lo que han venido denunciando, en cuanto a que la mayoría de funcionarios responden a un partido político y por tanto estos procesos son nulos.
Sobre posible guerra
A Carmona le preocupa que Solís exprese las posibilidades de una nueva guerra civil en el país.
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Al respecto, Solís expresó: “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua pero me queda claro que ustedes (Daniel Ortega y Rosario Murillo) van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a
retroceder cuarenta años”.
Se trata de procesos políticos
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, emitió un comunicado donde refiere que Solís demuestra que no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa, “sino un uso irracional de la fuerza”, que el régimen ha impuesto “un Estado de Terror” y que han hecho un uso excesivo de la Policía Orteguista y de fuerzas parapoliciales con armas de guerra. Y sobre todo, admite en su carta que los juicios que ha emprendido la dictadura contra la población en su mayoría son juicios políticos, donde por órdenes de El Carmen y la Fiscalía se fabrican “acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron los acusados”.
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Ivania Álvarez, apoyo del Comité Pro Libertad de Presos Políticos, por la articulación, refirió que los fiscales se han visto casi como “dueños de los juicios”, mientras los jueces dictan sentencia sin pruebas, pues reciben “órdenes tácitas de condenar”.
Álvarez considera que con estas declaraciones “desde el primer juicio debe ser anulado… porque te lo está diciendo alguien que estaba operando dentro de ese aparato, que está regido por la pareja presidencial”. Y va a servir para una denuncia internacional.