El 20 de abril del 2010, Rafael Solís Cerda se despojó del honorable manto de magistrado del poder judicial, para convertirse en un turbero. Mortero en mano, dirigió a las turbas paramilitares del orteguismo para atacar el hotel Holiday Inn, donde se encontraban diputados opositores que pasarían a comisión la ley que anularía el decreto presidencial 03-2010, emitido por el presidente Daniel Ortega, por medio del cual pretendía, inconstitucionalmente en ese entonces, mantener en sus cargos de manera ilegal a una veintena de funcionarios públicos.
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No era la primera vez que el magistrado Rafael Solís mostraba tintes de revoltoso callejero. Poco antes del ataque al Holiday Inn, el mismo Solís tuvo un encontronazo con el magistrado de tendencia liberal Gabriel Rivera, siempre en el contexto del decreto 03-2010, en una audiencia de casación. Solís no tuvo reparos en llamar “matón” al magistrado Rivera y mandarlo a callar, frente a las cámaras de televisión.
El hecho que el magistrado Solís Cerda pierda la compostura en lo que se refiere al tema de Daniel Ortega es porque el funcionario judicial es uno de sus más cercanos colaboradores. Al punto que fue el padrino de bodas de Ortega y Rosario Murillo cuando se casaron en 2005, en una ceremonia oficiada por el cardenal Miguel Obando y Bravo.
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Aunque con la acumulación de poder en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, se dice que la influencia de Solís Cerda ha venido a menos, aún es señalado por fuentes cercanas al entorno presidencial de ser el asesor legal y operador político del “comandante” en la CSJ.
El magistrado habría sido quien estructuró la estrategia jurídica que en 2010 permitió resolver de forma expedita -y en ausencia de sus colegas liberales en la Sala Constitucional- un recurso de amparo presentado a favor de Ortega, para que este se postulará nuevamente como candidato a la presidencia en los comicios del 2011.
También como miembro de dicha Sala resolvió quitarle la representación jurídica del Partido Liberal Independiente al político opositor Eduardo Montealegre, descabezando a la oposición en los comicios del 2016, en los cuales predominó el abstencionismo.
Es decir, ha jugado papeles clave en las dos cuestionadas reelecciones de Ortega.
Pero además, Solís Cerda es el enlace del caudillo sandinista con el poder judicial. Esto era manejado como un secreto a voces, pero finalmente fue corroborado por LA PRENSA a través de una investigación periodística publicada en 2017, que reveló los detalles sobre un conflicto de propiedad agudizado por la Procuraduría General de la República.
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LA PRENSA tuvo acceso a una ayuda memoria sobre el caso, en la cual es claro como Solís Cerda representa la voz de Ortega.
La ayuda memoria obtenida por este diario reflejaba transcripciones de la discusión de tres magistrados, entre estos Solís Cerda, sobre este caso.
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“El comandante (Ortega) lo que quería es que mandáramos la recomendación, donde nosotros ya tomáramos la decisión. Lo que cabe si se toma la decisión, es una negociación, que es lo más práctico y se les paga o se declara de utilidad pública, aunque sería más alborotado en estos momentos, o después del 6 (de noviembre de 2016, día de las elecciones presidenciales), pero hay que tomar una decisión”, urgió Solís Cerda en dicha discusión.