El repudio viene de todos lados: madres y familiares de los muertos por la represión policial y paramilitar, exiliados en Costa Rica, críticos y opositores en Nicaragua, rechazan la imposición de una ley de “reconciliación” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, cuestionan la autoridad moral, ética e institucional de la Policía Orteguista (PO) para formar parte de una comisión que implementaría la “política de reconciliación y cultura de paz nacional”, promovida por el régimen, dado su papel represivo en la actual crisis sociopolítica.
Con esta Policía no
Entre 325 y 528 personas fueron asesinadas desde abril, según diversos reportes de derechos humanos, en su mayoría por el papel represivo de la PO.
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El llamado “plan de reconciliación y paz” será impulsado por tres ministerios y la Policía, según divulgó el orteguismo. La PO es vista como la institución que ha sembrado el terror en el país junto a paramilitares organizados bajo su mando.
La dictadora Rosario Murillo reiteró este miércoles que de dicha política de promoción de la cultura de paz y reconciliación nacerá una ley de reconciliación que será enviada a la Asamblea Nacional para que sea aprobada e implementada en todo el territorio nicaragüense.
Sin verdad y sin justicia no hay reconciliación
La presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), Francys Valdivia Machado, dijo que no habrá reconciliación sin justicia y verdad. “Una reconciliación es un proceso voluntario que se construye entre las partes, no se impone.
Ellos podrán crear una y mil leyes, pero aquí nadie se reconcilia hasta que exista verdad y justicia”, dijo.
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Valdivia era hermana de Franco Valdivia, estudiante de Derecho, de 24 años, que fue asesinado de un tiro en la cabeza frente a la Alcaldía de Estelí el 20 de abril pasado, durante las protestas contra el régimen.
La presidenta de AMA manifestó que el régimen orteguista pretende “moralizar lo inmoral” con el plan de reconciliación, algo que asegura “jamás van a lograr”.
La Asociación Madres de Abril está conformada por madres y familiares de las personas que fueron asesinadas por policías y paramilitares desde el 19 de abril.
Valdivia dijo que como familiares y madres de las víctimas mortales de la represión no han sido consultados por el Gobierno en el proceso de creación del citado proyecto de ley, así que no tiene idea de quiénes son “la gran mayoría consultada” que enarbola la dictadora Murillo.
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Desde el 18 de abril, ningún policía ha sido investigado, detenido o enjuiciado por su participación en la masacre de los estudiantes. El único enjuiciado fue el paramilitar que asesinó a una estudiante brasileña, pero se hizo a puertas cerradas y bajo protección del sistema de justicia orteguista.
Al contrario, la Policía Orteguista ha recibido el respaldo de la dictadura para seguir reprimiendo y a pesar de haber disparado, secuestrado y torturado a opositores, participan en los juicios encapuchados y bajo protección judicial para condenar a los presos políticos.
Ni con ley podrán ocultar las masacres cometidas
El presidente de Hagamos Democracia y miembro de la Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR), Luciano García, manifestó que ningún plan ni política que implemente el régimen orteguista podrá cambiar las muertes, represión y torturas contra quienes salieron a protestar en abril.
García dijo que la petición del pueblo sigue siendo la misma: “Que Daniel Ortega se siente a dialogar su salida del poder” y que se haga justicia, para que las muertes no queden en la impunidad.
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“Todo lo que salga del régimen de manera unilateral no tiene ninguna validez ni ningún reconocimiento de parte de nosotros. Nosotros hemos insistido en que tiene que haber un diálogo franco donde se recupere la democracia, la justicia y el Estado de derecho. Cualquier cosa que el Gobierno haga sin tomar en cuenta a la inmensa mayoría que ha sido agredida, que está siendo reprimida, que está siendo abusada, no tiene ningún valor. No reconocemos su plan de reconciliación. Creemos que se están burlando del pueblo de Nicaragua y están poniendo en manos de los opresores algo para llevarnos a la crucifixión”, expresó García.
En el plan no se deja claro cuáles son las políticas que implementará el régimen para “alcanzar la paz y la reconciliación en Nicaragua”, aunque existe un cronograma donde establece que este será presentado el 3 de diciembre tras ser expuesto a las alcaldías, Consejos de Liderazgo Sandinista y delegaciones de las instituciones públicas.
“Reconciliación” es burla
El constitucionalista Óscar Carrión y el analista político Óscar René Vargas coinciden en que la política de reconciliación que el régimen orteguista pretende implementar es una acción más para desmontar de una vez la protesta social, pero que en el fondo lo que hará es dar más armas legales a la Policía Orteguista (PO) en su actuar represivo.
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Ambos analistas expresaron, por separado, que el mensaje que quieren transmitir los dictadores es que están dispuestos a dar amnistía a los más de quinientos presos políticos, según los organismos de defensa de derechos humanos, a costa de dejar en la impunidad las cientos de crímenes perpetrados por la PO, los paramilitares y los responsables de haber dado la orden de atacar las protestas ciudadanas.
Persecución seguirá
Vargas, exaliado de Ortega y hoy un perseguido político, dijo que en el fondo es una estrategia para reforzar la persecución en los barrios y comunidades mediante la PO y los CPC con un arma legal más de intimidación contra quienes se atrevan a levantar la voz.
“Por lo tanto, esta política que luego convertirán en una Ley de reconciliación es un intento de permanecer en el poder y bajar los decibeles de la crisis actual. Su problema principal es su falta de legitimidad para permanecer en el poder por mucho tiempo, sin poner en peligro al conjunto de la nación”, refirió Vargas.
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Explicó el analista que en “situación de derrota política o creciente deslegitimación social, igual que los miembros de las organizaciones paramilitares ilegales ejecutores de delitos atroces, suelen propagandizar la reconciliación” movidos por el interés de que “sus abusos sean olvidados”.
“Es decir, gozar de la impunidad que le puede dar la llamada ‘reconciliación’, mientras que las víctimas, acompañadas por los sectores democráticos y por los organismos defensores de los derechos humanos, exigen que la verdad sea conocida, que la impunidad no impere y sean castigados los responsables directos e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad”, manifestó Vargas.
Cortinas de humo
Por su parte el abogado Carrión encuentra “un mensaje político incorrecto” como la política del régimen, puesto que dice que si bien en el país se necesita superar la crisis sociopolítica de más de seis meses, debe conseguirse “una paz genuina entre todos los sectores y no en base a un monólogo de este gobierno con sus propias instituciones”.
“La Policía todavía anda volando garrote a los ciudadanos que podemos andar en una bandera azul y blanco, entonces no se puede hablar de una política de reconciliación”, criticó Carrión.
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“Con todo y la falta de genuina sinceridad que se percibe, puedo inferir que en el fondo este documento (propuesta de política de reconciliación) constituye una escalera para bajar la presión, y justificar ante sus bases que ante el desastre económico, social y humanitario en el país se puede trabajar por una salida a la crisis”, opinó.
Será Ley, dice la dictadora
La vocera de la dictadura orteguista, la vicepresidenta Rosario Murillo, reiteró este miércoles que la “Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” será convertida en ley. En medio de su perorata diaria y sus discursos de odio, Murillo dijo que a partir de que lo discuta y apruebe la Asamblea Nacional se establecerá “una cultura de paz y reconciliación como política de Estado”. Murillo, quien nunca se reconcilió con su hija Zoilamérica Narváez a quien obligó a exiliarse en Costa Rica, dijo que el objetivo es que “todos nos convirtamos en constructores de paz”.