La tesis de la Fiscalía contra nueve de los procesados vinculados a la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), no concuerda con las pruebas presentadas en el juicio, asegura la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Verónica Nieto.
Pese a ello, el Juez suplente Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, Álvaro Martínez los declaró culpable. Nieto dijo que esperan la lectura de sentencia para apelarla.
Por ejemplo, menciona Nieto que las tres armas que asegura la Fiscalía fueron encontradas en la casa refugio no tenían aguja percutora.
Los nueve acusados son estudiantes pero fueron tratados por el fiscal con “términos peyorativos diciéndoles que eran vagos, que eran delincuentes”, cuestionó la abogada de la CPDH.
Los ahora declarados culpables por los delitos de terrorismo y portación ilegal de armas fueron Friedrich Castillo Huete, Jeffrey Isaac Jarquín , Justino Antonio Jarquín, Bryan Palma Aráuz, Jorge Zapata, Pedro Aguilar Sánchez, Carlos Varela Pavón y Martín Jarquín Paz, sobrevivientes del ataque a la iglesia Divina Misericordia y quienes fueron detenidos el 20 de julio en una casa refugio en el Mercado Oriental.
La abogada Nieto rechazó que se les atribuya a sus representados el delito de terrorismo porque “no son terroristas” sino en su mayoría estudiantes universitarios.
Esto llevó a las madres a recordar que sus hijos son sobrevivientes del ataque de la Policía Orteguista y paramilitares contra la iglesia Divina Misericordia donde se refugiaron el 13 de julio pasado, después de varias horas de ataque al recinto universitario.
Los familiares de los nueve procesados también se sumaron a las denuncias de sospechas de envenenamiento a los detenidos, en La Modelo, del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
“Tenemos información que en la comida a ellos les están poniendo cantidades pequeñas de arsénico”, dijo Silvia Elena Paz, tía de Josué Jarquín tras señalar que en otras ocasiones les proporcionan comida podrida que cuando no la consumen de inmediato se descompone.
Mientras el agua les provoca que permanezcan con malestar estomacal y no les permiten llevarles agua purificada.
También denunciaron la discriminación con que los familiares de los presos políticos son tratados por los funcionarios del SPN.