Tras ser declarados culpables por la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, la Fiscalía pidió este martes 24 años de prisión para nueve autoconvocados de Tipitapa, por haber participado en la colocación de barricadas en ese municipio en protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre mayo y junio pasados.
La Fiscalía pidió dicha pena, luego que la juez oficiosamente dijo que existía una agravante de la pena porque los tranques estaban ubicados cerca de los colegios Gaspar García Laviana y Salomón Ibarra Mayorga.
Lea además: Sigue el desfile de supuestos “terroristas” en Nicaragua
El abogado Julio Montenegro, defensa de los procesados, protestó por esta circunstancia que sacó a relucir Cardoza, pues ni el fiscal Rolando Zapata Morales lo había pedido, situación que causó otro enfrentamiento con la judicial.
Y es que todo este juicio se vio envuelto en altercados entre la defensa y la juez, donde salieron a relucir amenazas, insultos, descalificativos y hasta amenazas de cambio de defensa privada por una pública. Cardoza encontró culpables a nueve de los 12 civiles que estaban siendo procesados por participar en la instalación de tranques en ese municipio de Managua.
Puede leer: Menor lleva dos meses y medio detenido ilegal en celdas del Chipote
Estos nueve manifestantes se suman a otros nueve ya condenados por el régimen. El mes pasado, la dictadura orteguista reconoció que tiene 204 reos políticos, aunque realmente la Fiscalía tiene a cuatrocientos acusados, algunos de los cuales aún están con órdenes de captura.
Fuertes altercados
Los altercados en el juicio llegaron al punto que la juez le dijo a Montenegro que si no se sentía capacitado, que podían programar la audiencia para otro día y este le contestó: “Estoy capacitado… le recuerdo que fui su docente en la Escuela Judicial”. Montenegro tiene 18 años de experiencia y fue director de la Unidad de Apelaciones del Ministerio Público hasta que renunció en el 2015.
La pena para el delito de terrorismo, según el artículo 394 del Código Penal de Nicaragua, anda entre los quince y veinte años de cárcel, pero con la agravante especificada esta subía hasta 26 años y cuatro meses de prisión, sin embargo la Fiscalía pidió 24 y la defensa la mínima, de 15 años.
También: Orteguismo repite guión del somocismo con los presos políticos
La justicia orteguista a su antojo ha decidido tipificar como terrorismo la instalación de tranques, pese a que fue el mismo mecanismo de lucha que empleó cuando Daniel Ortega gobernó desde abajo durante 16 años en los gobiernos liberales.
“Los procesados consideraron que su causa (de lucha) era más importante que el derecho a la educación, pensar, recrearse, orden público, respeto a la autoridad… Actuaron con conducta dolosa contra una población indefensa”, refirió la juez en su fallo de culpabilidad, sin mencionar las razones de por qué estas personas colocaron los tranques.
En su fallo, la judicial exaltó la prueba presentada por la Fiscalía conformada por policías orteguistas y descalificó a los testigos de la defensa, e incluso los calificó de forma peyorativa. “La testigo Bernarda Díaz fue contradictoria… ilógica, absurda… plagadas de falsedades”, dijo la judicial.
De igual manera, descalificó el testimonio de Maynor Martínez, que contó cómo paramilitares entraron a secuestrar a su familiar, todos fuertemente armados, uno incluso con arma con mirada telescópica y les tiraron bombas lacrimógenas dentro de la humilde vivienda y ellos creían que se estaba quemando la casa.
Sin embargo, la juez le dijo que era “fantasioso”, que la máxima de la experiencia le dicen que la persona busca como resguardarse y no andar como Sherlock Holmes, un personaje creado en 1887 por el escritor escocés Arthur Conan Doyle. Este es un detective inglés que con su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles, según se lee en la internet.
Entre los declarados culpables están Wilmer Martínez Díaz, Ervin Alexander Zamora Peña, Daniel Alexander Sánchez, Junior Alexander Sánchez, José Margarito García Orozco, Juan Carlos Bermúdez, Wilfredo Orozco Urbina, Mauricio Paniagua y Yudielka Yaneris Flores Aburto.
Juez hace gala de experiencia militar
Durante el fallo, la juez Adela Cardoza, una de las fieles al régimen Ortega-Murillo, hizo gala de sus conocimientos militares en el juicio y dio por hecho que el procesado Wilmer Martínez tenía un arma calibre 38, porque le incautaron cinco cartuchos de ese calibre, aunque esta no fue presentada en juicio.
“Si utilizamos la prueba indiciaria… y aunque no se trajo un revólver 38… yo me acerqué a las evidencias, y además como públicamente se maneja, yo pertenecí y me siento muy orgullosa de haber pertenecido al Ejército de Nicaragua, entonces sé y tengo conocimiento, no soy ignorante, nadie va a tener proyectiles si no ha tenido arma, no las va a tener como una reliquia o un suvenir”, dijo la juez.
Además lea: CIDH preocupada por maltratos a presos políticos en Nicaragua
Según la Fiscalía, los procesados fueron capturados en los tranques de Tipitapa; sin embargo, sus familiares dicen que estos fueron secuestraron dentro de sus casas durante un operativo de paramilitares y policías a las 5:00 de la mañana del 1 de julio de 2018.
Los operativos se efectuaron sin orden de captura en los barrios Tangará y Oronte Centeno, en Tipitapa.
La lectura de sentencia fue programada para el próximo 11 de octubre.