Las amenazas de violencia contra los empresarios, seguida de una nueva y sangrienta jornada de represión contra marchas pacíficas ordenada por el presidente Daniel Ortega, contrarrestan los esfuerzos que según el mandatario se deben realizar para reanudar la atracción de inversiones y oscurecen el panorama del país, en una semana clave donde se discuten en Estados Unidos sanciones económicas contra el régimen, según expertos en la materia.
Este nuevo episodio de violencia gubernamental perpetrado este 23 de septiembre, eleva las posibilidades de que el Grupo de Trabajo que la Organización de Estados Americanos (OEA) formó para Nicaragua, concrete sus gestiones —iniciadas la semana pasada— para que organismos internacionales impongan sanciones económicas a este país.
Lea además: Daniel Ortega amenaza a empresarios si vuelven a convocar a paro nacional
Asimismo incrementa la posibilidad de que en Estados Unidos se apruebe la ley conocida como Nica Act que también resultaría en sanciones económicas para el gobierno de Ortega.
El sábado durante un mitin con empleados público Ortega les advirtió a los empresarios que la próxima vez que se sumen a un paro nacional enviará a la Policía para garantizar que mantengan las empresas abiertas.
Puede leer: Exiliados nicaragüenses crean coalición para librar a Nicaragua de Daniel Ortega
Ortega también le sugirió a los empresarios que si vuelven a cerrar, los simpatizantes de su partido podrían amenazarlos con quemar sus negocios, ya que el pueblo tiene derecho a exigir que le presten los servicios.
Pese a mostrar su molestia por los tres paros nacionales que se han realizado desde que inició la crisis sociopolítica el pasado 18 de abril, esta semana prácticamente todo el aparato estatal estuvo paralizado ya que los empleados públicos realizaron una jornada de actividades de apoyo a Ortega que incluyó movilizaciones diarias.
Les caerá la ley
El mandatario también acusó a los empresarios de estar jugando al “terrorismo económico” y dijo que jugar con la economía es jugar con fuego y que eso tiene un límite y advirtió que a quienes sigan cometiendo crímenes les caerá todo el peso de la ley.
Para Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Ortega está perdiendo la óptica, ya que mientras no haya un arreglo político no habrá recuperación económica y la crisis continuará.
También: Gobierno de Costa Rica gestiona repatriar inversiones de su país en Nicaragua
“Si se da ese acuerdo político no tienen que seguir habiendo paros, pero para que se dé ese acuerdo político sincero, eso significa que se parará definitivamente la represión del tipo de la que hubo en la marcha del domingo. Entonces todo radica en que se logre ese acuerdo político sincero y que se sienten las bases para un diálogo verdadero. Pero para que eso ocurra el Gobierno tiene que generar voluntad y demostrar que lo quiere hacer. Solo así retornará la inversión”, afirmó Maltez quien es también vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Durante el mitin del sábado Ortega también desestimó los efectos que podría provocar la imposición de sanciones económicas derivadas de la Nica Act.
Afectarán a los pobres
Maltez considera que es un error desestimar estos efectos porque eso podría ser una especie de bloqueo económico como el que ocurrió en los años ochenta y eso lo que va a generar es más desempleo y pobreza, por tanto los más afectados serán los más pobres.
Lea: Nicaragua retrocede cuatro posiciones en el Doing Business 2018
“Ortega como dirigente del país tiene que estar claro que la entrada de recursos al país provoca un efecto dinamizador en la economía y tienen un efecto multiplicador que genera empleos”, dice Maltez y añade que la imposición de estas sanciones dependerá de las muestras de voluntad de Ortega para llegar a un arreglo a través del diálogo.
“Porque tarde o temprano tendrá que haber diálogo y entre más tarde se haga será peor para el país”, advierte Maltez.
Otra señal que, según el sector empresarial, tiene que dar Ortega para el retorno de la inversión es el respeto a la propiedad privada, ya que aunque esta semana hubo algunos desalojos, miles de manzanas de tierra permanecen tomadas por simpatizantes de su partido.
Muchas siguen tomadas
Según el más reciente reporte de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) hasta el 6 de septiembre 9,800 manzanas habían sido invadidas ilegalmente; de estas 2,483 habían sido recuperadas y las restantes 7,317 manzanas seguían ocupadas.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, negó que los desalojos de los últimos días sean producto de algún acuerdo con el sector privado, ya que se han desalojado dos o tres propiedades, pero miles de manzanas permanecen tomadas.
“El mensaje claro es que hay miles de manzanas que no han sido devueltas y la señal clara que se debe mandar como gobierno para que la economía se pueda reactivar es que hay respeto a la propiedad privada y para que esa señal llegue faltan miles de manzanas por entregar, sin importar quiénes son los dueños y eso todavía está lejos, el que se haya devuelto una propiedad no significa que hayan devuelto las miles de manzanas que hemos denunciado que se han tomado en los últimos meses”, señaló Aguerri.
Generar empleos
Durante su discurso del sábado el presidente designado Daniel Ortega admitió que es necesario atraer inversión para generar empleo, pero según dirigentes del Cosep mientras no se logre un acuerdo político la normalidad y con ella la inversión no retornará al país.
La semana pasada la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) reportó que a julio 347 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, ya sean formales o informales.
Por su parte el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reportó la pérdida de 110,898 afiliados entre noviembre del año pasado y junio de este año, es decir, los primeros tres meses de la crisis sociopolítica.
En marzo la planilla del INSS incluía 896,869 afiliados, pero en junio bajó a 810,430, eso significa que entre abril y junio se dieron de baja 86,439 asegurados.