“Si buscan un preso político en Nicaragua, lo primero que sale es un terrorista”, así radiografió Thelma Brenes, hija del coronel en retiro Carlos Brenes, el tratamiento que el régimen Ortega Murillo le da a los presos políticos.
Y fue también la forma que utilizó Brenes para evidenciar como el régimen violenta el derecho a la presunción de inocencia de toda persona detenida que en los últimos cinco meses ha sido ignorada por la Policía Orteguista.
Ella fue una de las panelistas sobre la criminalización de la protesta en el país, en un evento paralelo a la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra y con lo cual se demuestra que el tema sobre la crisis de derechos humanos sigue siendo interés a nivel internacional.
Brenes expuso que su progenitor fue encarcelado por haber sido crítico al régimen y una voz disidente, dado que no tiene pruebas en su contra. “La acusación de terrorismo es totalmente inventado”.
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Discriminación en las cárceles
El debate fue promovido por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), donde Brenes manifestó que “la discriminación en las cárceles es evidente”, y esto se traduce incluso en la cantidad de comida que les permiten introducirles “es la mitad de lo que envían a reos comunes”. Mientras se niegan a entregarles el calendario de visita.
“La única respuesta que logré obtener es que él me iba a llamar”, dijo Brenes, quien aclaró, que “el caso de mi padre es el caso de 600 personas que están en la cárcel”, donde los más conocidos están en máxima seguridad, en aislamiento total y advirtió: “no sé si mi padre va aguantar hasta marzo por su condición de salud”.
Brenes demandó que se siga conociendo el tema de la crisis en Nicaragua “por los otros 600, por las madres que han perdido sus hijos, por las madres que no los han encontrado, hay muchos desaparecidos, la discriminación, la represión es a todos los niveles”.
Y preguntó ¿cuántos muertos tienen que haber en Nicaragua? ¿300 no es suficiente?El pueblo no quiere ser una segunda Venezuela (…) por eso la gente sigue protestando pacíficamente y no hay armas (…) si la gente que protesta estuviera armada el número de muertos sería inmenso ahorita, la gente sigue saliendo a las calles casi todos los días tratando de protestar pacíficamente”.
Represión no ha cesado
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expuso que la represión no ha cesado y en cinco meses ha dejado además de los más de 300 muertos, más de tres mil heridos, muchos de ellos casi el 60 por ciento heridos de bala, muchos de ellos en condiciones críticas, otros con lesiones permanentes.
En ese contexto, afirmó Carmona, ha habido alrededor de 1,500 detenciones ilegales, y hasta hoy estima que en las cárceles albergan a más de 600 presos, 230 en procesos penales, resto se desconoce su situación.
Y estimó que en un 90 por ciento de los que han sido detenidos “han sido torturados”, desde violaciones sexuales, desprendimiento de uñas, choques eléctricos o les han aplicado técnicas de ahogamiento.
Destacó Carmona como las últimas marchas de la población autoconvocada ha sido asediada por grupos paramilitares y de Policías, que en al menos en las tres últimas ha dejado personas lesionadas.
Por la RIDH, Ramón Muñoz externó preocupación de lo que sucede en Nicaragua e insistió en la demanda de las ONGs que el Consejo de Derechos Humanos asuma oficialmente la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con un debate urgente, pues consideró que “el deterioro es terrible, la situación no mejora, persecución a defensores, arrestos y juicios siguen” y a esto le agregó el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses.
“El Consejo de Derechos Humanos tiene un mandato para prevenir las violaciones de Derechos Humanos y para reaccionar frente a las crisis graves de derechos humanos, es dentro del marco de ese mandato que nosotros estamos pidiendo a organizaciones y a las misiones diplomáticas que asuman este tema”, dijo Muñoz.