Daniel Ortega y sus voceros aseguran y repiten dentro y fuera de Nicaragua, que las protestas que han ocurrido en el país desde el 18 de abril han sido una conspiración golpista contra su gobierno. Con ese absurdo argumento quieren justificar la represión sanguinaria que ha dejado un saldo macabro de más de 350 muertos, más de mil heridos y decenas de presos y desaparecidos.
Absurdamente, Ortega califica como intento de golpe de Estado la propuesta que le presentó la Conferencia Episcopal de Nicaragua el 6 de junio pasado, de que a fin de resolver la grave crisis sociopolítica que sufre el país se deben adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019. Dichas elecciones, según la propuesta de los obispos, estarían precedidas de una serie de reformas legales y transformaciones institucionales para garantizar que los comicios sean justos, libres, transparentes y confiables.
Los obispos no inventaron esa propuesta, la elaboraron tomando en cuenta el sentir general de la población que quiere y necesita un cambio democrático para salir de la crisis. En realidad, casi el 80 por ciento de los ciudadanos está a favor de que se adelanten las elecciones y el 77 por ciento tiene el convencimiento de que los obispos actúan por el bien de todos los nicaragüenses, según una reciente encuesta de Ética y Transparencia, organismo cívico independiente de gran prestigio y credibilidad nacional e internacional.
Los obispos ni siquiera han mencionado la demanda de diversos sectores sociales, de que Ortega y Murillo deben renunciar a sus cargos antes de que se realicen las elecciones anticipadas. Lo que se deduce de la propuesta episcopal es que la pareja dictatorial seguiría en sus cargos hasta las elecciones y toma de posesión de las nuevas autoridades supremas que resulten legal y legítimamente electas.
Solo mentes torpes o maliciosas pueden entender y calificar la propuesta de los obispos como un intento de golpe de Estado. El golpe de Estado —lo sabe cualquier persona con información política básica— es el “cambio violento de Gobierno operado con violación de las normas constitucionales”. Así lo precisó el obispo Silvio Báez ante el canciller de Daniel Ortega, en una sesión plenaria del Diálogo Nacional y de tal manera lo define el enciclopedista político y jurídico Rodrigo Borja.
El mismo Daniel Ortega acordó en 1989 con los presidentes centroamericanos, adelantar a febrero las elecciones de noviembre de 1990 para resolver la crisis de aquella época y abrir el camino a la democracia. Y a nadie se le ocurrió decir que eso había sido un golpe de Estado.
En realidad, lo que ha habido en Nicaragua desde 2007 es un golpe desde el Estado, mediante el cual Daniel Ortega ha desmantelado la institucionalidad democrática del país y abolido el Estado de Derecho, para instaurar una dictadura absolutista y corrupta. Una dictadura que en los últimos tres meses ha mostrado su índole extremadamente criminal, al asesinar a más de 350 nicaragüenses que solo querían y reclamaban justicia, libertad y democracia.