Los dos principales funcionarios económicos de la dictadura de Daniel Ortega, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, reconocieron por separado ante los medios de comunicación oficialistas que la situación de la economía nacional es catastrófica, como consecuencia de la rebelión ciudadana no armada que demanda un cambio democrático de gobierno.
Según el presidente del Banco Central, las pérdidas ascienden ya a 430 millones de dólares; dice que solo en el sector turístico se han perdido 231 millones de dólares y advierte que en general se perderán alrededor de 85,100 empleos.
Los funcionarios económicos del régimen dictatorial de Ortega y Murillo reconocen que las perspectivas son a empeorar, aunque según el presidente del Banco Central todavía hay tiempo para encontrar una solución que permita evitar el colapso económico total y recuperar un mínimo del crecimiento que se había programado. Al comienzo de este año el régimen anunció que el crecimiento sería de entre 4 y 5 por ciento. Pero tras dos meses y diez días de crisis provocada por la represión genocida contra los estudiantes y el pueblo, los jerarcas económicos de la dictadura declaran que el crecimiento será de entre 0.5 y 1.5 por ciento, y esto solo que la crisis no se prolongue hacia el tercer trimestre del año en curso.
Los altos funcionarios económicos reconocen que es posible detener la caída de la economía hacia el abismo, dicen que todavía hay tiempo de encontrar soluciones que permitan evitar la catástrofe y señalan que un acuerdo en el Diálogo Nacional, podría devolverle la estabilidad económica al país. Pero no se atreven a reconocer públicamente que ese acuerdo solo puede ser la salida de Ortega y Murillo del poder , mediante su renuncia inmediata o por medio de la celebración de elecciones anticipadas, como plantean la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA.
El presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda tienen suficiente inteligencia y preparación profesional, para entender que es imposible volver al modelo de economía que venían conduciendo hasta el 18 de abril. Saben que aquel modelo fundado en la corrupción, en el autoritarismo, en la ausencia de instituciones democráticas, en el capitalismo de compinches y un populismo demagógico e irresponsable, ya no se puede reconstruir.
Funides, economistas independientes, dirigentes sociales y políticos democráticos, inclusive personas sin ninguna formación en economía pero con sentido común, advirtieron una y otra vez que el modelo orteguista era insostenible; que una economía robusta y sostenible solo se puede construir sobre la base de una institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Pero los orteguistas no hicieron caso y ahora lamentan las consecuencias.
Sin embargo, como dijo el presidente del Banco Central, la catástrofe total todavía se puede evitar. Bastaría adoptar en el Diálogo Nacional el acuerdo para la democratización e implementarlo a continuación. El alto funcionario lo sabe, pero no se atreve a decirlo.
