La masacre perpetrada el miércoles 30 de mayo por las fuerzas regulares y paramilitares del Gobierno contra los manifestantes autoconvocados cobró la vida de 18 personas y dejó 218 lesionados.
La cifra total de muertos surge de la suma del registro que posee la Comisión Porras, que contabiliza 16 en Managua, Masaya y Estelí y los números proporcionados por el subdirector de la Policía, Francisco Díaz, que aunque contabiliza 15 fallecidos, incluye tres muertos en Chinandega, que no los cuenta la comisión formada por la Asamblea Nacional, que ya contabiliza 102 muertes desde que comenzó la represión en abril pasado.
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Según la Comisión Porras, de la represión del miércoles en Managua fueron asesinadas 11 personas, otras cuatro en Estelí y una Masaya, para un total de 16.
La Policía y el Ministerio de Salud coinciden con 15 muertos. Sin embargo, la Policía incluye tres muertos en Chinandega que no los reporta la Comisión Porras.
LA PRENSA/C. VALLE
Un último informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por su parte contabilizó 16 fallecidos y 88 lesionados. Y señala que la presente información proviene de hospitales que atendieron a las víctimas.
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Las diferencias radican en que el Cenidh registra dos muertos en Chinandega, uno menos que la Policía Nacional. No obstante, la Comisión Porras registra como muerto a una persona que sus familiares lo reportaron con vida y uno cuyo nombre aparece escrito de dos maneras, lo que daría un número de 14, más tres de Chinandega, 17.
Pero el Cenidh contabiliza una persona que no aparece en el listado de la Comisión que murió de forma instantánea frente a la Universidad Centroamericana, con lo que da al menos una suma de 18 muertes.
Irónicamente Díaz asegura que el saldo mortal fue el resultado “del accionar de estos grupos delincuenciales que operan encapuchados, motorizados con armas de fuego, con morteros, con bombas molotov”.
La población autoconvocada le atribuye a los policías y a los paramilitares que trabajan amparados por esa institución los crímenes.
Según Díaz, de las 15 muertes el miércoles 7 ocurrieron en Managua el Día de las Madres.
Sobre las cifras, Cairo Amador, de la Comisión Porras, dijo que “están sujetas a investigación y verificación (…), sí creo que existen grupos violentos y armados de parte de los dos bandos”.
Muere hijo de policía
Entre los asesinados está Francisco Javier Reyes Zapata, de 34 años, el hijo de un policía ubicado en el Distrito Uno, pero eso nunca impidió que participara en cada marcha cívica autoconvocada desde el 18 de abril, hasta el jueves que fue su última participación en apoyo a las Madres de Abril.
“Mi hijo les gritaba a los policías asesinos y esos mismos asesinos me lo quitaron. Le dieron un disparo en el ojo que le sacó los sesos. Fue un francotirador que estaba en el nuevo estadio nacional”, aseguró la madre de la víctima.
LA PRENSA/Y. REYES
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La madre de la víctima indicó que no presentará denuncia ni le haría autopsia a su hijo, pues está clara quién se lo mató y no confía en la justicia de Ortega. “No necesito investigación. Fue un francotirador de la Policía asesina”, recalcó.
Reyes aunque era graduado en Contabilidad y sacó un curso de Caja con Computación, trabajaba con su mamá vendiendo ropa. No dejó hijos y llegó muerto al Hospital Bautista de Managua, aunque había sido trasladado en moto por sus hermanos de protesta.
Sobre los señalamientos de los autoconvocados en cuanto a que las víctimas fueron blanqueadas por francotiradores de edificios como el estadio nacional Dennis Martínez, cuando concluía la marcha pacífica en Managua, la respuesta de Cairo Amador, de la comisión Porras, fue: “Eso que usted está diciendo parece ser una constante”.
Amador recordó que esto también ha aparecido incluso en la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe hizo referencia a francotiradores o a ejecuciones extrajudiciales.
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“Todo eso son elementos que constituye material de investigaciones”, aseguró Amador, quien recordó que esa comisión que él integra fue creada en un principio para conocer de los sucesos de abril, pero ahora “esto se ha vuelto un presente continuo”, por lo cual, dijo, la venida de una comisión internacional va a servir para dar confianza y dar todas las explicaciones del caso.
“Afectados de ambos bandos” dice miembro de comisión Porras
Amador afirmó que de ambos bandos hay afectados y “las organizaciones que representan las dos manifestaciones, de alguna manera, nada tienen que ver con ese actuar delincuencial de minorías que se encuentran en los dos bandos”.
Mientras, el comisionado general Francisco Díaz siguió con sus descalificaciones a los grupos de autoconvocados al responsabilizar únicamente a estos de los hechos acaecidos en el país, tras ocurrida la manifestación pacífica en homenaje a las madres de asesinados.
Aseguró que entre las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. del 30 de mayo grupos de encapuchados con armas de fuego y morteros dañaron la propiedad pública en varias partes de la capital, entre estos los recintos universitarios de la UCA y la UNI e igual les atribuye la quema de la Radio Ya y Caruna.
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Díaz también les atribuye daños y saqueos en el estadio, donde la población constantemente ha señalado y así lo confirman fotografías y videos que quienes se han atrincherado en ese lugar son miembros de la Policía y los paramilitares.
Segunda víctima de la familia
Michael González Hernández, de 34 años, quien fue asesinado en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería este 30 de mayo, cuando participaba en la marcha de las Madres de Abril, fue velado el jueves en la comunidad Madrigales Norte, cercano a Veracruz.
Su familia, lejos de estar abatida por el hecho, puesto que es el segundo miembro que pierden en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, a manos de la Policía, dice estar llena de coraje y continuará la protesta hasta que Ortega y Murillo se vayan del Gobierno.
Michael González era primo de Jeisson Chavarría Urbina, el joven de 24 años que fue asesinado en Ticuantepe el pasado 21 de abril, durante las protestas contra las ahora derogadas reformas a la Ley de Seguridad Social del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Hoy tenemos 40 días desde que perdimos a Jeisson y ahora estamos velando a Michael, pero eso no nos detendrá. El miedo ya lo perdimos y no vamos a descansar hasta que Daniel y la Rosario Murillo se vayan.
Queremos una Nicaragua libre”, dijo Mireya Urbina, prima del ahora difunto.
Hernández recibió un disparo de AK en el tórax y le perforó un pulmón. Falleció en el quirófano en el Hospital Vivian Pellas. No dejó hijos, era albañil y estudiaba Inglés en turno sabatino, dijo su mamá, Paula Hernández.
Medios letales prohibidos
El experto en Derechos Humanos, Uriel Pineda, recordó que el uso de medios letales para controlar manifestaciones pacíficas está prohibido dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y por tanto, dijo el especialista, ese baño de sangre es un hecho grave que debe ser investigado y debe ser esclarecido. Aunque apuntó Pineda que en Nicaragua, en este momento, no existen las condiciones para realizar una verdadera investigación al respecto. Y señaló que en este caso no había ningún elemento para justificar los disparos.
(Colaboración de Cinthya Tórrez)