Separar el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) del poder Ejecutivo para garantizar su autonomía, independencia y apartidismo es uno de los puntos de la agenda que ha puesto en la mesa del diálogo nacional la Alianza de la Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia. Dicha agenda fue rechazada por el Gobierno por considerarla una ruta hacia un golpe de Estado y que creó un impasse en la negociación que busca poner fin a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace 41 días.
Hay que recordar que la actual crisis sociopolítica que enfrenta el país inicio el 18 de abril cuando un grupo de estudiantes protestó contra una reforma unilateral aprobada por el Gobierno para tratar de rescatar las finanzas del INSS. Ella contemplaba elevar el aporte de empleados, empresas y del Estado, imponer una retención del 5 por ciento a las pensiones, suprimir el salario máximo cotizable y cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, entre otras medidas.
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Con estos cambios el Gobierno pretendía dar un respiro a la entidad que viene acumulando déficit financieros desde hace cinco años; y que el año pasado en el marco del informe completo sobre la revisión del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que en 2019 comenzaría a enfrenar problemas para cumplir sus obligaciones.
Reforma al INSS dio paso a la crisis
Aunque la reforma anunciada por las autoridades fue derogada a los pocos días, las consecuencias que generó la represión gubernamental a las protestas dio paso a conflicto que ha cobrado decenas de muertos y cientos de heridos, y que llevó al Gobierno a sentarse en una mesa de diálogo en el que la Alianza de la Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia –integrada por estudiantes, sociedad civil y sector privado–, mantiene que el tema central de la negociación es la democratización del país.
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No obstante, en el inciso 6 del punto B de la agenda, referido a Otras reformas estructurales se lee: “separación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social del Poder ejecutivo, estableciéndolo como un ente autónomo, independiente y apartidista; defender el derecho al trabajo, al salario y a la seguridad”.
Dicho punto coincide con la posición que desde el inicio de este conflicto ha expresado el sector privado con respecto al INSS. Y que fue planteada en el comunicado difundido por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) el pasado 3 de mayo.
Sector privado pide cambio de autoridades y auditoría
En dicha comunicación Funides expresó que la resolución de la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS tendría que incluir el cambio de autoridades y las propuestas de reformas para garantizar la viabilidad financiera a la institución que surgirán del diálogo nacional.
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Ese comunicado recoge además de la opinión de Funides, la del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham). Y en él, el sector privado también sugirió realizar a los inmediato una auditoría forense e integral de la institución.
Esto porque en los últimos años se han hecho muchos señalamientos en contra de la administración y manejo de las inversiones que realiza el médico y capitán retirado, Roberto López Gómez, al frente del INSS desde 2007.
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Sin embargo, tras cuatro sesiones del diálogo nacional instalado el pasado 16 de mayo, la negociación se estancó y de momento se desconoce cuando se retomará ni cuánto tiempo tomará resolver los temas políticos para poder dar paso al tema del INSS, que según los economistas se encamina a cerrar este año con un déficit financiero insostenible.