Todas las proyecciones financieras que se han efectuado sobre los ingresos y costos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el marco de los numerosos estudios actuariales realizados, han apuntado a que los costos totales del sistema de seguridad social crecerían con más rapidez que los ingresos, dando origen a la tendencia del INSS a generar déficits crecientes, los cuales, eventualmente, podrían conducirlo a la insolvencia – esto es a la incapacidad de cumplir los compromisos con los afiliados con sus ingresos y su fondo de reserva.
Esto resultaría inevitable, en la medida en que comenzasen a acelerarse los procesos de envejecimiento de la población y de transición epidemiológica.
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Estos procesos traerán aparejados un deterioro de la relación entre el número de pensionados y el número de cotizantes, un incremento en el monto de las pensiones en relación al monto de las cotizaciones, y un incremento fuerte y sistemático de la demanda de atención y tratamientos, altamente costosos, para las patologías crónico-degenerativas y catastróficas que plagan a las edades mayores, lo cual conllevaría a un incremento sistemático y acelerado en los costos totales por concepto de pago de pensiones y de atención médica.
Dado que el crecimiento de la base fiscal sobre la cual descansan los ingresos del INSS, a saber, la evolución del empleo de mayor productividad e ingresos, se encuentra limitado, en nuestro país, debido a que nuestra economía genera, de manera predominante, empleo precario e informal, de bajísima productividad e ingresos, la evolución de los ingresos del sistema quedaría cada vez más rezagado con respecto a los los costos crecientes.
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Esta tendencia del INSS a la generación de déficit se vio agravada al extremo por un conjunto de decisiones efectuadas a raíz de las reformas paramétricas aprobadas en Diciembre de 2013, las cuales, supuestamente debieron haber generado superávit operativos hasta 2033 y extender el periodo de solvencia del INSS hasta 2036, cuando se agotaría el fondo de reserva.
En realidad, estas reformas fueron anuladas por medidas que, por el contrario, determinaron un masivo incremento de los déficits que ha estado agotando con rapidez el fondo de reservas, hasta el punto en que el periodo proyectado de solvencia del INSS se contrajo drásticamente, para 2019.
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Estas medidas fueron el crecimiento sin precedentes de las inversiones, las cuales explicaron en 71 por ciento del monto de los déficits globales de efectivo del INSS observados en 2013-2016 y se tradujeron en una caída radical de los ingresos derivados de las mismas, mientras mantienen congelado el fondo de reserva del INSS en activos de difícil liquidación, la aprobación de la pensión reducida, que en 2017 fue equivalente al 89 por ciento del déficit operativo, y el incremento de los gastos administrativos, que pasaron de representar el 6.6 por ciento de los ingresos por cotización en 2007, al 12.6 por ciento en 2017.
Sin embargo, aunque se eliminasen estos elementos, que empeoraron la situación financiera del INSS y acortaron drásticamente su periodo de solvencia, permanecería invariable la raíz subyacente fundamental de la tendencia del INSS a generar déficit y agotar su fondo de reservas.
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La realidad es que los crecientes costos que traerán aparejados los procesos de envejecimiento y de transición epidemiológica, en términos de la necesidad de solventar las necesidades de una subsistencia digna y de atención en salud del número de adultos mayores en rápida expansión, solo podrán ser solventados, mediante el Presupuesto del Estado destinado a cumplir su función de Protección Social, y mediante el Seguro Social, si la base fiscal real sobre la cual descansan ambos sistemas, a saber el empleo de mayor productividad e ingresos, crece a tasas más adecuadas.
De lo contrario, la única manera de extender la solvencia del INSS y de hacer frente a los desafíos de ambos procesos, será reducir, periodo tras periodo, en la medida en que los procesos de envejecimiento y transición epidemiológica se profundizan y aceleran, los montos que se destinan a la sobrevivencia y la atención en salud de los adultos mayores – a lo cual se le denomina ajustar el monto de las prestaciones o beneficios al monto de los ingresos.